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Hospitales, pensiones y deuda: las decisiones de gasto público que los gobiernos siguen aplazando

Por Alto Nivel · 19 de noviembre de 2026 · 4 min
Hospitales, pensiones y deuda: las decisiones de gasto público que los gobiernos siguen aplazando

El endeudamiento, los servicios públicos y la falta de inversión en infraestructura forman parte de los desafíos económicos que analiza el autor.

La liga se rompió. Los gobiernos de izquierda, de derecha y de centro han usado el gasto público alegremente, prometido más de lo que pueden pagar y aplazado las decisiones que deben tomar para conservar su popularidad. Pero la realidad los alcanzó y los ciudadanos estamos pagando las cuentas.

El asunto es global. Hay políticos sin escrúpulos que endeudan a sus países para salir bien librados, regalando dinero al pueblo. Pero ya no hay dinero. Francia, España y Estados Unidos enfrentan presiones por sus compromisos financieros. Cuando una parte cada vez mayor del presupuesto se destina a pagar intereses, queda menos dinero para atender otras necesidades.

¿Qué hacen entonces los gobiernos? Emiten más bonos, piden prestado o imprimen más dinero. Así aplazan el problema, pero no resuelven las causas.

Y parece que no pasa nada, hasta que necesitas atención médica. En España, la lista de espera es larga; en México, conseguir atención eficiente puede tomar meses. Faltan hospitales, camas, médicos y medicinas. No hay recursos para atender a la gente y llevamos años sin invertir en infraestructura.

A esta falta de inversión se suma la pérdida de poder adquisitivo. Aumentar los salarios no sirve de nada si los precios siguen subiendo. Los incrementos salariales elevan los costos de las empresas y parte de ese aumento puede trasladarse al consumidor. Así, el dinero del gasto público alcanza para menos.

Hace falta una estructura que permita a la gente prosperar, emprender, hacer negocios y generar empleos.

Invertir en infraestructura y atender las prioridades del país

La solución debe empezar por dejar de destinar recursos a proyectos que, a mi juicio, no resuelven las prioridades del país. Por eso cuestiono el aeropuerto de Tulum, el AIFA y el Tren Maya, mientras siguen pendientes necesidades básicas de infraestructura.

El agua y el drenaje requieren inversión, pero son obras que no lucen en una inauguración. Hay que revisar cuánto le cuestan al Estado los proyectos que no ofrecen resultados y gastar lo que se tiene, no más, pero donde realmente hace falta.

Salud y pensiones: el papel del Estado y la iniciativa privada

Lo mismo ocurre con la salud y las pensiones. El Estado no puede pretender hacerlo todo. Mi propuesta es abrir espacio a la participación privada y permitir que las personas elijan dónde atenderse y con quién organizar su retiro.

Desde 1980, los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los fondos de pensiones y los destinados a construir clínicas comenzaron a usarse para la operación, en lugar de reinvertirse en su propósito original. Hoy vivimos las consecuencias.

Otro problema que el gobierno sigue evitando porque no es popular: ampliar la base de contribuyentes. Lo he dicho hasta el cansancio: no puede seguir recargándose sobre quienes ya pagan impuestos.

Tiene que incorporarse a la economía informal. Quien vende tacos, jugos o cualquier otro producto debe registrarse, contribuir y participar en la seguridad social. No es una medida popular, pero hay que hacerla. De lo contrario, la obligación seguirá recayendo sobre los mismos.

Esta situación no deja margen para que las empresas crezcan. Muchas se encuentran en modo supervivencia: su prioridad es conservar la plantilla, no abrir nuevas plantas ni contratar más personal.

Si aumentan los salarios, las cargas sociales, los impuestos y otros costos, algunas tendrán que reducir puestos o automatizar lo que puedan. Si no hay garantías para invertir ni motivaciones económicas para abrir nuevas operaciones, ¿qué razón hay para arriesgar el capital?

Entre 2027 y 2030 podría producirse una crisis mundial sin precedentes.

Es mi previsión, pero basta observar el rumbo que siguen muchos gobiernos: más deuda y decisiones que siguen aplazándose.

No podemos seguir pateando el problema y dejar que otros paguen las consecuencias.

Un padre de familia que gana menos ajusta sus gastos. El gobierno debe hacer lo mismo: reducir lo que no sirve y concentrar los recursos en infraestructura social, de transporte, hidráulica y ferroviaria.

Las promesas de regalar dinero y ofrecer todo gratis deben parar si no hay recursos para sostenerlas. El gasto público debe responder a prioridades reales, no a la necesidad de ganar aprobación.

Pero es difícil encontrar gobernantes que quieran más a su país que a su popularidad. Así que, mientras pese más conservar los aplausos que resolver los problemas, los ciudadanos seguiremos pagando las cuentas.

Este texto se publicó originalmente en la revista impresa de Alto Nivel. ¡Encuentra más historias y análisis de calidad en tu tienda favorita!

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