Hacienda envía las primeras cartas a las comunidades para acelerar la nueva financiación y se abre a negociar cambios

El Gobierno ha dado al mediodía de este viernes un nuevo paso para intentar aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica diseñada por Hacienda , y que inyecta casi 21.000 millones de euros adicionales en la cesta común que se reparte entre territorios. El departamento que dirige Arcadi España, según confirman fuentes ministeriales y autonómicas, ha remitido ya a todas las comunidades de régimen común (salvo País Vasco y Navarra) las primeras cartas técnicas con el borrador del nuevo modelo y una radiografía individualizada del impacto que tendría en cada territorio. El objetivo con el envío de las misivas es abrir una nueva fase de negociación antes de convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y llevar posteriormente la reforma al Congreso.

Más allá de los aspectos técnicos , el mensaje político de Hacienda pasa por subrayar que el texto remitido no constituye una propuesta cerrada ni inamovible. El ministerio insiste en que existe margen para modificar el modelo durante las reuniones técnicas, en el CPFF y, posteriormente, en el Congreso, donde deberá reunir una mayoría suficiente para salir adelante.

El envío de estos documentos pone en marcha la maquinaria del Gobierno para tratar de sumar apoyos a una reforma que lleva pendiente desde 2014 y cuyo futuro político sigue siendo incierto, dado el fuerte rechazo tanto de la inmensa mayoría de las comunidades —tanto las gobernadas por el PP, que son la mayor parte, como las socialistas, salvo Cataluña— como de grupos parlamentarios que son imprescindibles para desbloquear la reforma, como Junts .

Hacienda tiene prevista una reunión técnica con las comunidades el próximo martes para analizar los datos remitidos y resolver dudas sobre la propuesta. Después, el ministerio volverá a reunir al CPFF a finales de mes con la intención de intentar cerrar un acuerdo antes de iniciar la tramitación parlamentaria. La idea es que el nuevo modelo empiece a rodar en 2027. Por eso, explican portavoces de Hacienda, el ministerio "mantiene la mano tendida y emplaza al conjunto de comunidades a analizar y debatir el borrador remitido". El ministro, añaden, "entiende que hay margen para negociar tanto en las reuniones del Comité Técnico Permanente de Evaluación como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

El Ejecutivo, no obstante, llega a la cita con importantes obstáculos. Las comunidades gobernadas por el PP ya rechazaron participar en las reuniones bilaterales celebradas hace unas semanas al considerar que una negociación de este calado solo debe desarrollarse en el seno del CPFF, mientras que Junts también ha avanzado su rechazo al modelo por ser poco ambicioso. Con este escenario, Hacienda trata ahora de desplazar el debate desde la confrontación política hacia los efectos concretos de la reforma sobre cada territorio, insistiendo en que todas las autonomías saldrían beneficiadas.

El documento remitido recoge la propuesta presentada a inicios de año por la anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El borrador sostiene que el nuevo sistema aportaría 20.975 millones adicionales al conjunto de las comunidades, incrementaría la autonomía fiscal y reforzaría los mecanismos de solidaridad entre autonomías. La propuesta mantiene la garantía de que ningún territorio perdería recursos respecto al modelo vigente e incorpora cambios en el cálculo de la población ajustada (el criterio que determina las necesidades de financiación de cada territorio) para tener más en cuenta factores como el envejecimiento, la población escolar, la dispersión, la despoblación o la insularidad.

También plantea aumentar la participación autonómica en la recaudación del IRPF y del IVA y crear nuevos instrumentos, como un fondo específico para hacer frente a los efectos del cambio climático.

La propuesta de Hacienda nace de un acuerdo entre PSOE y ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular a cambio del apoyo a la investidura del socialista Salvador Illa como president . Aunque el pacto ha evolucionado después en un planteamiento para el conjunto de comunidades, en una óptica federalista y continuista con el modelo actual, sigue despertando el rechazo de la gran mayoría de los territorios. La gran crítica es que mantiene un trato particularmente favorable a Cataluña y, sobre todo, que se ha gestado a través de una negociación bilateral.

Sin embargo, las posibilidades de que la reforma vea la luz son limitadas dada la actual fragmentación política en el Congreso. Si finalmente prosperara, daría carpetazo al modelo anterior, que empezó a funcionar en 2009 con el compromiso de ser revisado a los cinco años, pero que en todo este tiempo, más de una década, ningún Gobierno ha sido capaz de reformar. Más allá de la complejidad técnica, el principal obstáculo ha sido siempre el político, a partir del posicionamiento de las comunidades, que defienden intereses distintos y muchas veces contrapuestos, más allá del partido que gobierne.

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