Hacienda amenaza a las comunidades con un déficit cero si el Congreso rechaza dos veces la senda fiscal

Hacienda vuelve a tropezar con la misma piedra, pero en un camino diferente. Este martes presentará la senda de estabilidad de las cuentas públicas al Congreso, consciente de que se dará de nuevo de bruces con la falta de apoyos políticos, como ha ocurrido los dos últimos años. Al rechazo ya asumido de PP y Vox se sumará, una vez más, el de Junts, abocando a otra votación a finales de mes. Para entonces, la intención del Ejecutivo es remitir a los diputados los mismos objetivos de déficit, según aseguran en el Ministerio de Hacienda. Y si el impasse siguiera, a la vuelta del verano endurecería los objetivos de cumplimiento fiscal y exigiría equilibrio presupuestario a las comunidades. La diferencia es que, para ese momento, la justicia europea ya se habrá pronunciado sobre la amnistía a los líderes independentistas y se habrá avanzado en la propuesta de reforma de la financiación autonómica, dos asuntos sensibles para la formación de Carles Puigdemont y que el Gobierno confía en que suavicen la relación con ese partido.

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la senda de estabilidad para el trienio 2027-2029, es decir los objetivos máximos de déficit y deuda que las administraciones públicas deben respetar a lo largo de los tres próximos años. Además de tratarse de un marco clave para la planificación y la gestión pública, la fijación de estas metas es un paso previo necesario para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno se ha comprometido a presentar para un 2027 lleno de citas electorales, aun a sabiendas de que no cuenta, al menos de momento, con el respaldo político necesario en las Cortes.

Junts, que fue clave para la investidura de Pedro Sánchez, se ha distanciado de forma evidente del Ejecutivo en los últimos meses, argumentando que este no está respetando los compromisos asumidos. Entre los asuntos pendientes que la formación independentista reprocha al PSOE están, por ejemplo, la inclusión del catalán como lengua oficial de la UE o la cesión a la Generalitat de la competencia en materia migratoria. El Gobierno tiene poco margen de maniobra en ambos asuntos, pero está lanzando guiños al partido de Puigdemont en otros campos, como una mejora en las políticas de dependencia o cambios en el gran decreto de vivienda en el que trabaja.

La otra gran recriminación de Junts guarda relación con una de las claves de bóveda de esta legislatura: la amnistía. La formación independentista reprocha al Gobierno no haber hecho lo suficiente para que la norma despliegue plenos efectos, pero en los próximos días podría producirse un cambio sustancial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia este jueves , 16 de julio, sobre si la ley de amnistía, pensada para dar carpetazo a todas las causas judiciales vinculadas al procés , es compatible con la normativa europea.

Una decisión favorable —que es lo que se prevé— aceleraría el regreso a España de Puigdemont y otros líderes del procés y podría flexibilizar la postura de su partido sobre otras cuestiones clave. La formación independentista ya votó el año pasado y el anterior en contra de la senda fiscal del Gobierno, que lleva tres años con las cuentas prorrogadas ante la incapacidad de armar una mayoría parlamentaria suficiente y afronta la recta final de su legislatura debilitado por los casos de corrupción en el seno del PSOE.

Consciente de que este martes encajará un nuevo rechazo, el Ejecutivo plantea una segunda votación para el próximo día 23 de julio, en la cual las metas serán las mismas, un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas repartido de la siguiente forma: un desfase del 1,5% para la Administración central, del 0,2% para la Seguridad Social, un 0,1% para las comunidades y equilibrio presupuestario o déficit cero para las corporaciones locales.

De fracasar también la segunda votación, se abriría un escenario inédito, que la normativa no contempla, pero para el cual Hacienda se guarda varios ases en la manga. El Gobierno ya se encontró con los objetivos fiscales bloqueados en el Congreso tanto en 2024 como en 2025 y buscó soluciones imaginativas para salir de la parálisis. La senda "contemplada en la Constitución" fue el encaje legal que esgrimió el pasado ejercicio —aunque finalmente renunció a tramitar los Presupuestos—, y que volvería a emplear si este año se produjera una doble derrota en el Congreso, según aseguran en el Ministerio de Hacienda.

De aplicar el Gobierno este estratagema, las comunidades perderían esa décima de déficit que ahora les ha prometido el Gobierno , puesto que la Ley Fundamental consagra el equilibrio estructural para las autonomías. Hace dos años, en 2024, el departamento entonces dirigido por María Jesús Montero había explorado otra vía: un informe de la Abogacía del Estado , según el cual, en caso de doble rechazo parlamentario, entrarían en vigor los últimos objetivos enviados y aprobados por Bruselas, que igualmente preveían equilibrio presupuestario para las autonomías.

La tramitación de los Presupuestos Generales del Estado no es la única piedra en el camino del Gobierno en materia económica susceptible de generar revuelo político. Entre las carpetas abiertas de contenido muy sensible, sobre todo para las formaciones independentistas, está la reforma del sistema de financiación autonómica. Este mismo martes se celebrará la primera reunión técnica al respecto, después de que el Ministerio de Hacienda enviara la semana pasada a los Gobiernos regionales un borrador de propuesta que todos los territorios, salvo Cataluña, rechazan en bloque.

Aunque de la cita de este martes no se esperen muchos avances, puesto que tiene un carácter eminentemente técnico, servirá para aplanar el terreno de cara al próximo encuentro e importante encuentro, el político fijado para el 29 de julio entre los consejeros de Hacienda autonómicos y el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La principal crítica al nuevo modelo es que tiene el pecado original de haber sido negociado con una sola comunidad, Cataluña —en concreto, con ERC—, para ser después amoldado al conjunto del territorio. "No puede calificarse como negociación un proceso en el que el modelo ya está cerrado de antemano", ha lamentado este lunes Alfonso Ruiz Molina, responsable de Hacienda en Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE. Asturias, también socialista, confirma a este periódico que mantiene igualmente su rechazo a la reforma, puesto que no ha habido cambios desde su presentación el pasado enero hasta ahora. A estas autonomías se suma todo el bloque del PP —la mayoría, con 11 regiones—, como Galicia, que este fin de semana reiteró su negativa al borrador de reforma y aseguró que acudirá a la reunión de este martes para pedir las oportunas aclaraciones y mostrar el firme rechazo a la propuesta.

Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre hacienda amenaza a las comunidades con un déficit cero si el Congreso rechaza dos veces la senda fiscal y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.