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Gobierno lanza iniciativa para retirar a clientes de las plazas que no consuman en centros comerciales

Por merca20.com · 17 de junio de 2026 · 3 min
Gobierno lanza iniciativa para retirar a clientes de las plazas que no consuman en centros comerciales

La iniciativa "Cascaff" busca reforzar la seguridad, pero abre debate por posibles actos de discriminación en centros comerciales

En medio de un contexto donde la seguridad en centros comerciales se ha vuelto una prioridad, autoridades del municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, preparan la implementación de un programa que ya genera polémica: se trata de "Cascoff", una estrategia que permitirá retirar de establecimientos a personas que no consuman o que alteren el orden.

La medida, impulsada por el gobierno municipal, tiene como objetivo principal prevenir delitos y mejorar la convivencia dentro de plazas y zonas comerciales, mediante la aplicación de reglamentos ya existentes, sin necesidad de crear nuevas leyes

¿En qué consiste el programa Cascoff para Centros comerciales?

De acuerdo con autoridades locales, el programa "Cascoff" dará a los comerciantes herramientas para solicitar el retiro discreto de personas que incurran en conductas consideradas inapropiadas dentro de sus establecimientos. Entre los principales puntos destaca la posibilidad de limitar la permanencia de individuos que no consumen, conocidos coloquialmente como "refriteadores".

El secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis David Kuri, explicó que la intención no es vulnerar derechos ni eliminar el anonimato de las personas, sino ofrecer mecanismos que permitan mantener el orden sin necesidad de confrontaciones directas.

Además, el esquema contempla respaldo institucional para que los negocios puedan actuar con mayor seguridad jurídica, así como lineamientos claros para identificar situaciones que afecten la convivencia, desde comportamientos agresivos hasta la ocupación prolongada de espacios sin consumo.

En los próximos días, personal del municipio recorrerá zonas comerciales para informar a los locatarios sobre la operación del programa, el cual será presentado ante el Cabildo para su eventual integración al reglamento municipal.

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Aunque la iniciativa ha sido planteada como una solución para reforzar la seguridad, también ha encendido el debate sobre sus posibles implicaciones sociales. Especialistas y usuarios en redes sociales han advertido que este tipo de medidas podría derivar en actos de discriminación si no se aplican con criterios claros.

El riesgo radica en que la definición de "conductas inapropiadas" o la simple permanencia sin consumo puede prestarse a interpretaciones subjetivas, lo que podría afectar a ciertos grupos de personas, como jóvenes, adultos mayores o trabajadores informales que utilizan estos espacios como puntos de descanso.

En caso de replicarse en otras ciudades del país, el impacto sería significativo: por un lado, podría mejorar la percepción de orden y seguridad en centros comerciales; pero por otro, podría limitar el acceso a espacios que, aunque privados, funcionan como puntos de convivencia pública.

La discusión sobre el uso de la fuerza en espacios comerciales cobró relevancia tras un incidente ocurrido en el municipio de Monterrey, donde un guardia de seguridad fue captado golpeando a una mujer acusada de presunto robo.

Según versiones difundidas en redes sociales, la mujer no habría cometido ningún ilícito y fue señalada falsamente, lo que derivó en una agresión física que quedó registrada en video. El caso generó indignación y puso sobre la mesa la necesidad de regular la actuación del personal de seguridad en establecimientos.

Este tipo de घटनos refuerza la importancia de que programas como "Cascoff" cuenten con lineamientos claros, capacitación adecuada y supervisión constante, para evitar abusos y garantizar que las medidas de seguridad no se conviertan en actos de violencia o exclusión.

Mientras el Cabildo analiza la propuesta, comerciantes y ciudadanos se mantienen atentos al desarrollo de esta iniciativa que podría sentar un precedente a nivel nacional.

La clave estará en encontrar un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos de las personas. De lo contrario, una medida pensada para mejorar la convivencia podría terminar generando más conflictos de los que busca resolver.