Félix Bolaños: "La falta de reformas era el camino seguro al colapso de la justicia"

Félix Bolaños (Madrid, 50 años) presume de haber dado un salto en la modernización de la justicia en España y, al mismo tiempo, se entusiasma enseñando a los periodistas las estancias, cargadas de historia, del madrileño palacio de Parcent. Las lámparas de araña de cristal iluminan los salones barrocos, que recuerdan el paso del tiempo y la vigencia de algunas normas con 150 años a la espalda como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) . En contraste, en algunas de sus paredes cuelgan cuadros de arte contemporáneo de Juana Francés y Salvador Soria. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha elegido este lugar, una de las sedes de su departamento, para esta entrevista con Cinco Días . "Ahora estamos poniendo las bases de la justicia de los próximos 100 años", asegura.

Pregunta. En abril hizo un año que la Ley de Eficiencia Procesal entró en vigor, y hace un año se pusieron en marcha de los nuevos tribunales de instancia. ¿Qué balance hace?

Respuesta. Es una reforma estructural de la planta judicial en nuestro país. Hemos dejado atrás los juzgados unipersonales, arcaicos, viejos, vetustos, inflexibles, caros que provenían de 1834 y hemos llevado a cabo una reforma para implementar los tribunales de instancia que pedían todas las asociaciones judiciales. Las cifras nos hacen ser muy optimistas: estamos consiguiendo rebajar la litigiosidad, gracias a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en torno al 10% a nivel general, y por encima del 20% en el orden jurisdiccional civil. Y por otro lado, ha subido el número de juicios que se señalan por encima de un 7% y ha subido el número de juicios que se celebran por encima del 5%. Es decir, pese a las lógicas y menores incidencias del principio de la implementación, la ley ya está dando resultados positivos. Y lo podemos resumir bien sencillo: menos litigios, más juicios y más jueces. Es sin duda la reforma que necesitaba la justicia.

P. Ya hay juicios señalados para 2029. ¿Cree que la reforma va a reducir el colapso de los tribunales?

R. No hay ningún colapso. Esos juicios que se señalan para 2029 vienen de la bola de nieve de los juzgados arcaicos e ineficientes. Ya hemos llevado a cabo las reformas procesales, estructurales, organizativas y digitales que precisaba la justicia. La falta de reformas en la justicia era el camino seguro al colapso más absoluto. No hacer reformas es muy cómodo: uno se cruza de brazos y dice que los problemas venían de antes y que no puede hacer nada. Ese no soy yo.

P. El último Consejo de Ministros aprobó la convocatoria de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales. ¿Serán suficientes?

R. También es un efecto de la Ley de Eficiencia Procesal. Crear una unidad judicial con los juzgados unipersonales costaba entre 500.000 y 600.000 euros. Ahora con los tribunales de instancia no es necesario crear tantas plazas de funcionario o de letrados de la Administración de Justicia porque hay oficinas judiciales que son comunes a todos los jueces y magistrados. De esta manera podemos crear unidades judiciales por aproximadamente 100.000 euros. Las 700 nuevas plazas es la mayor convocatoria de la historia de la democracia. Ni sumando todas las plazas de los últimos 10 o 15 años se alcanzan tantas como en esta ocasión. Con estas plazas reforzamos en medios humanos la justicia para que los ciudadanos tengan resoluciones en un tiempo más breve y que los jueces y magistrados tengan cargas de trabajo más razonables. Hemos aumentado la plantilla de la carrera judicial en un 8,5% en un año y la de la carrera fiscal en un 7,3%, lo nunca visto. Mi idea es que esta creación de plazas en el entorno de las 700 plazas se prolongue durante dos años más.

P. En dos años quiere decir también en la próxima legislatura.

R. Claro: en nuestro último año de legislatura y en el primer año de la siguiente legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez.

P. Otras reformas legislativas de su Ministerio, como la reforma de la Lecrim o la Ley de Acciones Colectivas están bloqueadas en el Congreso. ¿Cree que verán la luz teniendo en cuenta el actual escenario político?

R. El fraccionamiento parlamentario es un hecho y las dificultades para aprobar leyes en el Congreso también. Eso es lo que votó España. Y es cierto que hemos aprobado en esta legislatura 68 leyes. Es necesario mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho diálogo con los grupos parlamentarios. Es fundamental que sigamos trabajando para avanzar en algunas de esas leyes. Por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde 1882. Han pasado casi 150 años y he sido el primer ministro que ha llevado una ley integral con un cambio fundamental: que la instrucción la lleven a cabo los fiscales y que los jueces sean jueces de garantías.

P. Esa reforma es muy controvertida por las dudas que expresan algunas fuerzas políticas sobre la independencia de los fiscales y la capacidad del Gobierno de influir en ellos. ¿Qué responde?

R. No hay ninguna capacidad de influencia del Gobierno en el Ministerio Fiscal, como se puede ver cada día en cualquier página de los periódicos. El Ministerio Fiscal actúa con independencia de criterio, nos guste más o nos guste menos a nosotros y a la oposición. Dicho esto, en la propia reforma se establece una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar más su autonomía y la independencia. ¿Cómo? Por ejemplo, el nombramiento del fiscal general del Estado deja de estar vinculado a la duración de la legislatura: será por cinco años. O que cualquier comunicación entre Gobierno y Fiscalía General sea por escrito para que quede constancia de que no se puede dar ninguna instrucción.

P. Habrá quien piense que este Gobierno quiere dejar nombrado un fiscal general para el próximo Gobierno.

R. La entrada en vigor será en 2028. Es decir, el nuevo fiscal general del Estado lo nombrará el Gobierno que salga de las elecciones generales en 2027.

P. La última encuesta del instituto 40dB. sobre justicia para EL PAÍS y la Cadena SER concluye que dos tercios de los ciudadanos considera que existe lawfare, una utilización política de la justicia, y solo un 32% cree que las resoluciones sobre asuntos que afectan a la política son justas e imparciales. ¿Por qué los ciudadanos han perdido la confianza en el sistema?

R. En primer lugar, confío en la justicia española, en el Estado de Derecho y en el sistema de recursos y garantías para impugnar una resolución cuando se discrepa. En segundo lugar, durante los últimos años, algunas resoluciones judiciales han resultado incomprensibles para la ciudadanía y, en ocasiones, alejadas del derecho. Son muy pocas, una minoría muy minoritaria, pero han afectado a la imagen de la justicia. Es injusto porque la inmensa mayoría de los jueces y magistrados de nuestro país hacen su trabajo con rigor, con imparcialidad y con excelencia. Lo que también está afectando al buen nombre de la justicia es la utilización torticera y espuria de organizaciones ultras intentando judicializar la política, que presentan querellas infundadas contra personas progresistas todos los días. Por eso, reitero la necesidad de regular la acusación popular, lo que está incluido en el proyecto de Lecrim.