Empresas que contratan detectives para investigar bajas sospechosas: dónde están los límites en la lucha contra el absentismo

En plena polémica por las cifras de absentismo laboral, los expertos tratan de clarificar cómo debe actuar la empresa ante la baja médica de un trabajador. Los intereses bordean una delgada línea en la que confluyen tanto el derecho a la intimidad del empleado como el legítimo interés del empresario para defender la productividad.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística ponen de relieve que, desde 2008 a 2025, se ha duplicado el porcentaje de bajas, especialmente las que no tienen un origen profesional y se asocian a una enfermedad. En palabras del Consejo General de Graduados Sociales, el absentismo se ha consolidado como "una tendencia estructural". Los procesos de incapacidad causan trastornos a las empresas y, también, a las arcas públicas. En este marco, los empleadores disponen de herramientas en caso de sospecha, como el control informático, la instalación de cámaras de vigilancia o la contratación de detectives, en este último caso asumiendo un gran riesgo. Un seguimiento injustificado puede desembocar en una demanda por vulneración de derechos fundamentales y el pago de cuantiosas indemnizaciones.

El uso de detectives para controlar bajas sospechosas es una práctica habitual. Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid, señala que aunque el trabajador puede rebatir la efectividad de esta prueba en el juicio, pocas veces logra su nulidad. La vigilancia es legal, pero "tiene prohibidos algunos espacios de actuación", como el domicilio y los "lugares reservados". Como ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo de este mismo año autorizó el seguimiento fotográfico en un gimnasio. Según el Alto Tribunal, el detective obtuvo permiso para entrar, de modo que el recinto no se consideró "un espacio susceptible de vulnerar la vida íntima, personal y familiar", cuenta Muñoz.

En cualquier caso, la actividad del investigador no es libre. Para Muñoz, debe cumplir "principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad". Así lo confirman otros juristas, como Víctor Canalda, abogado y profesor de Derecho laboral en la Universitat Oberta de Catalunya. El letrado circunscribe la contratación del profesional cuando existan "circunstancias objetivas que permitan sospechar un incumplimiento relacionado con la prestación laboral". En consecuencia, la empresa debe disponer de un elemento previo que justifique la investigación y no "encargarlo para comprobar de manera exploratoria o prospectiva si aparece algún incumplimiento". El abogado subraya que la "relevancia laboral" es clave.

Canalda acota el escenario de la investigación a los "espacios públicos o abiertos al público". Además, la vigilancia, que ha de ser espontánea y no creada artificialmente, resultará ilícita si se declara "excesiva, indiscriminada o desconectada de los indicios iniciales", dice. En todo caso, el trabajador podrá cuestionar "la justificación del encargo, los lugares desde los que se obtuvieron las imágenes, la duración del seguimiento y la proporcionalidad de los medios". El letrado advierte que una investigación especialmente invasiva o que lesione derechos fundamentales podrá ser rebatida por el empleado.

El empresario ha de ser cuidadoso, dice Álvaro San Martín, socio responsable laboral de Casadeley. El abogado distingue dos problemas típicos: cuando existe una ausencia injustificada del trabajador o abandono del puesto y cuando surge una incapacidad por motivos de salud. En el primer supuesto, la empresa puede usar la vía disciplinaria, despido incluido; en el segundo, evitará que el detective investigue la causa médica de la baja. Esta función, recuerda San Martín, corresponde a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, competentes para efectuar reconocimientos médicos y capacitadas para acudir a un profesional que averigüe la realidad clínica del incapacitado. Por su parte, la empresa puede encargar la investigación de otras conductas fraudulentas, como el robo de clientes o de maquinaria, actos de competencia desleal manifiesta, etcétera.

Más allá de estas consideraciones, el informe del detective es una prueba judicial. Lo fundamental para la empresa es que "acredite verazmente hechos que ponen en un compromiso al trabajador", según San Martín. El abogado cuenta que llevó un caso en el que un trabajador que cojeaba y portaba muletas fue pillado en una grabación haciendo deporte; en otro asunto, un empleado con lumbalgia fue sorprendido trabajando en un taller mecánico; en un tercer procedimiento, el juez dio la razón al investigado, que había salido de copas en plena baja por depresión, porque entendió que era beneficioso para su recuperación.

¿Y qué ley rige a los detectives? Antonio Labrador, presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), mayoritaria del sector, aclara que los límites de actuación del gremio vienen recogidos en la Ley de Seguridad Privada de 2014. En resumen, el respeto a los derechos fundamentales del investigado —que el detective conoce— y la no intromisión en lugares donde podría vulnerarse la intimidad personal. El informe pericial debe confeccionarse conforme a la normativa, acreditar el interés legítimo del solicitante y contener una redacción de los hechos investigados, señala Labrador. El profesional podrá acompañar una prueba documental (gráfica o videográfica) y la ratificará en sede judicial. Su figura goza de la condición de "testigo cualificado" en el proceso, según ha establecido el Tribunal Supremo.

Labrador reivindica el papel de los detectives y denuncia "la inseguridad jurídica en que trabajan". La asociación ha presentado un proyecto de estatuto para mejorar la seguridad jurídica del colectivo. El presidente de la ADPE subraya que la normativa actual "reconoce una especificidad que diferencia las funciones del detective de otras figuras".

La profesora Ana Belén Muñoz opina que el aumento del absentismo obedece a muchos factores: patologías de salud mental difíciles de diagnosticar y tratar, listas de espera en los sistemas de salud, conflictividad laboral no resuelta... Muñoz propone combatir estos problemas a través de "un plan de medidas a cargo de los diferentes agentes implicados: empresas, trabajadores, INSS, mutuas y servicios de salud". En cualquier caso, cree que no existe una solución única: la pensión de incapacidad temporal se ha convertido en una auténtica "prestación-refugio" que exige un análisis concienzudo.

Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre empresas que contratan detectives para investigar bajas sospechosas: dónde están los límites en la lucha contra el absentismo y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.