Elma Saiz asegura que el Gobierno aprobará otra deducción para que el salario mínimo no tribute en el IRPF

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo tiene previsto, después de aprobar la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), aprobar también la deducción fiscal necesaria "para que esta renta no tribute en el IRPF". Para que el SMI quede exento en la práctica, el Gobierno debería incluir esa medida dentro de una norma legal que deberá aprobarse en la diputación permanente del Congreso de los Diputados.

Saiz ha garantizado en un primer momento en una entrevista en la Cadena SER que la subida del salario mínimo —fijado actualmente en 1.221 euros al mes en 14 pagas— se producirá antes de las elecciones. A continuación ha precisado que, al menos, "eso es en lo que está trabajando el Gobierno", ya que, según ha recordado, primero tiene que culminar sus trabajos el grupo de expertos que aconsejará al Ejecutivo cuál debe de ser ese incremento. El Gobierno baraja una cifra en torno al 5%, frente al 7% que exigen los sindicatos.

De esta forma, Hacienda, según explica un portavoz del ministerio, decidirá cómo evitar que el incremento del SMI se traduzca en un mayor pago de IRPF una vez se haya aprobado el nuevo suelo salarial. El precedente más reciente apunta a que el departamento de Arcadi España volverá a recurrir a una deducción en la declaración de la renta, en lugar de modificar los umbrales del impuesto o la reducción por rendimientos del trabajo. Esta última fórmula es la que Hacienda utilizó durante años para adaptar la tributación a las sucesivas subidas del salario mínimo. Sin embargo, en la última actualización optó por mantener los límites y compensar a los trabajadores que cobran el SMI mediante una deducción.

Hasta 2024, cada incremento del SMI iba acompañado de una actualización de los umbrales del IRPF para evitar que los trabajadores que cobraban el salario mínimo empezaran a tributar por el aumento de sus ingresos. Cuando el sueldo mínimo se elevó a 15.876 euros brutos anuales ese año, Hacienda situó en esa misma cuantía el límite de ingresos a partir del cual los contribuyentes con más de un pagador estaban obligados a presentar la declaración. Fue la última vez que se modificaron estos límites, pese a que el SMI ha seguido aumentando hasta los actuales 17.094 euros brutos anuales.

Desde entonces, Hacienda ha optado por una vía diferente para evitar que los perceptores del salario mínimo vean reducida su nómina neta por el pago del impuesto. En lugar de elevar los umbrales de ingresos exentos, el Gobierno ha ideado una deducción en la declaración de la renta que permite compensar el IRPF que les correspondería abonar. De esta forma, los trabajadores pueden quedar exentos de pagar en la práctica, aunque el mecanismo para conseguirlo sea distinto. La contrapartida es que deben presentar la declaración para recuperar, un año después, las retenciones soportadas mes a mes durante el ejercicio previo.

Respecto a la tributación de esta renta Saiz también ha arremetido en varias ocasiones durante su entrevista contra el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de no saber que el salario mínimo está exento de tributación, después de que la pasada semana semana el líder popular asegurara, también en la Cadena SER, que el salario mínimo sí tributaba en el IRPF. Aseguró que, con las últimas subidas del SMI "ya hubo una gran discusión en el Parlamento que nosotros votamos que estuviera exento, pero el Gobierno quería que estuviese incluido".

La subida del salario mínimo para 2027, condición imprescindible para que puedan aplicarse los cambios fiscales previstos para sus 2,6 millones de beneficiarios, debe aprobarse antes de final de año para que entre en vigor el 1 de enero. Todo apunta a que el Gobierno lo hará mediante un decreto en alguno de los Consejos de Ministros previos a las elecciones, previsiblemente antes del último previsto para el 24 de noviembre. Para ello, Trabajo espera antes el informe del grupo de expertos, encargado por Yolanda Díaz para esta misma semana y que prevén entregar este viernes o el próximo martes, como muy tarde. Previsiblemente propondrán dos posibles incrementos: uno si el Gobierno actualiza y aprueba una nueva deducción, como ha dicho hoy Saiz, y otro si el SMI pasa a tributar efectivamente en el IRPF.

La ley obliga a tener en cuenta factores como la inflación, la productividad, la participación de los salarios en la renta nacional y la situación económica, aunque los expertos también valoran objetivos como situar el SMI en el 60% del salario medio neto, en línea con la Carta Social Europea, y reducir la pobreza laboral. Habitualmente recomiendan aplicar el mayor incremento entre el necesario para alcanzar ese umbral o el requerido para preservar el poder adquisitivo.

Este año, la urgencia con la que se ha solicitado el informe y el hecho de que mantener el poder de compra vaya a exigir una subida superior a la necesaria para conservar el SMI en torno al 60% del salario medio apuntan a que la recomendación se alineará prácticamente con la inflación provisional de octubre (en el entorno del 5% que prepara el Gobierno antes mencionado) e incluso podría incorporar una cláusula para recoger una posible revisión al alza del dato definitivo de noviembre.

Aunque persisten discrepancias entre expertos y ministerios sobre la metodología para calcular si el SMI alcanza realmente el 60% del salario medio, este debate tendrá menos relevancia al vincularse la propuesta a la inflación. De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene que ese objetivo ya se ha alcanzado tras la subida acumulada del 66% desde 2018 y defiende aprobar el aumento antes de las elecciones para reducir la incertidumbre de los trabajadores afectados.