El nuevo frente del caso Segalmex: FGR va tras dos empresarios por operación de 800 mdp

La Fiscalía General de la República ( FGR ) mantiene abierta la vía para llevar a juicio a dos empresarios señalados por su presunta participación en una operación que involucra 800 millones de pesos y a la extinta Seguridad Alimentaria Mexicana ( Segalmex ).

De acuerdo con el medio Reforma, se trata de René Dávila de la Vega y su hijo, René Dávila Díaz , ambos del estado de Chiapas, quienes agotaron la última oportunidad que tenían para excluir del proceso 15 pruebas que la FGR pretende utilizar en su contra por colocación de recursos públicos en bonos privados de deuda.

Un tribunal confirmó la cancelación del amparo promovido por ambos empresarios, quienes con el recurso buscaban sacar del expediente siete testimonios, siete documentos y un peritaje aportados por la Fiscalía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ).

Entre las pruebas se encuentra una opinión de delito elaborada por Hacienda , considerada una pieza clave para la acusación, debido a que concluye que existen elementos para proceder legalmente.

La resolución judicial determinó que los empresarios chiapanecos todavía podrán cuestionar la validez de estas pruebas , pero deberán hacerlo en una etapa posterior del proceso, incluso después de un eventual juicio y sentencia.

Por ahora, mientras el amparo ha sido desechado, los tribunales determinaron que la utilización de las pruebas no vulnera sus derechos fundamentales.

De acuerdo con la investigación de la FGR, la empresa Corporación en Asesoría Financiera ( Corafi ), de la que René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz son accionistas, recibió 800 millones de pesos de Segalmex entre febrero de 2019 y junio de 2020 para adquirir bonos privados.

La operación contemplaba invertir recursos públicos en certificados de deuda emitidos mediante una casa de bolsa, con la promesa de obtener rendimientos anuales de 11%.

Sin embargo, los instrumentos estaban respaldados por fideicomisos sin recursos suficientes , constituidos previamente por empresas vinculadas con los Dávila y sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ).

El dinero salió de Segalmex luego de que René Gavira Segreste, quien entonces era titular de la Unidad de Administración y Finanzas, autorizara la utilización de recursos públicos para adquirir certificados privados.

Según la acusación, Segalmex transfirió los 800 millones de pesos al fideicomiso identificado como CIC/3050, cuyo fideicomitente era Corafi, una empresa establecida en Chiapas, por lo que los recursos terminaron colocados en el mercado bursátil mediante certificados privados, una operación que forma parte del expediente penal.

La investigación amplía el alcance del caso Segalmex más allá de los exfuncionarios del organismo, al incluir a empresarios que presuntamente participaron en las operaciones con recursos públicos.

El expediente busca determinar la responsabilidad de quienes autorizaron, recibieron y utilizaron los recursos, para actuar conforme a la ley y enjuiciar a los empresarios señalados, así como lo hizo con René Gavira Segreste , quien era director de finanzas, y de Hugo Buentello Carbonell, subdirector de Liconsa.