El ingreso mínimo vital apenas llega al 44% de los hogares con condiciones para recibirlo
La Airef concluye que más de la mitad de los posibles beneficiarios ni siquiera solicitan esta renta y anuncia que dejará de hacer la evaluación
La Airef concluye que más de la mitad de los posibles beneficiarios ni siquiera solicitan esta renta y anuncia que dejará de hacer la evaluación
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) cumple cinco años con un problema que sigue sin resolverse: más de la mitad de los hogares que podrían recibirlo siguen sin solicitarlo cinco años después de la puesta en marcha de la prestación. La quinta evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) presentada este jueves estima que, al cierre de 2025, había 1.031.442 hogares que cumplían los requisitos de renta y patrimonio para acceder a la ayuda. Sin embargo, solo 455.401 la cobraban. La prestación llegaba así al 44,2% de los hogares que, según la estimación del organismo, tenían derecho a ella. El organismo ha anunciado que dejará de hacer esta evaluación del ingreso mínimo vital y que, salvo que haya reformas en el diseño, este será el último informe que publiquen.
La llamada tasa de no acceso ―el porcentaje de hogares que cumplen los requisitos pero no reciben la prestación― sigue siendo uno de los principales problemas del IMV. En cinco años, el sistema ha ampliado su cobertura y ha mejorado los tiempos de gestión, pero esos avances no han conseguido reducir de forma suficiente la distancia entre quienes tienen derecho a la ayuda y quienes finalmente la perciben.
La gestión, en efecto, ha mejorado. En el último año, el Ministerio de Inclusión ha reducido en 104 días los tiempos de tramitación de los expedientes, hasta situar la mediana de resolución en 99 días. El número de hogares beneficiarios también aumentó un 16% en términos interanuales. La cobertura ha pasado, además, del 36% registrado en las primeras evaluaciones al 44,2% actual. Pero el incremento de beneficiarios no ha ido acompañado de una reducción equivalente del número de hogares que, pese a cumplir las condiciones, permanecen fuera del sistema .
La Airef apunta a varias razones. Una de las principales dificultades aparece ya en el proceso de solicitud. Los problemas relacionados con la acreditación de la unidad de convivencia y el empadronamiento explican el 66% de las denegaciones . La cuestión afecta especialmente a hogares en los que resulta difícil acreditar quién convive con quién, como familias extensas, parejas no formalizadas o personas que comparten vivienda. A esto se suma el desfase entre la situación económica que se utiliza para decidir quién tiene derecho a la prestación y la que atraviesa el hogar cuando presenta la solicitud. El sistema se apoya principalmente en los ingresos del año anterior, lo que puede retrasar la respuesta ante una pérdida repentina de ingresos.
En una comparativa europea , el modelo español también muestra desfases. Aunque en términos de cuantía el país se sitúa entre aquellos con una renta garantizada más elevada, esto no se ha traducido en una mayor cobertura. En consecuencia, España sigue por debajo de la media europea en el alcance de este tipo de ayudas y en su capacidad para reducir la pobreza severa. En parte, esto se debe a que en el resto de países, los sistemas de identificación y concesión automática permiten localizar con mayor facilidad a los hogares que cumplen los requisitos. En España, el acceso depende de que la población conozca la prestación, pueda acreditar su situación económica y complete el proceso administrativo.
El segundo mayor problema tiene que ver con la falta de inserción laboral . La prestación nació con la intención de facilitar la incorporación al mercado laboral, pero la salida hacia un puesto de trabajo sigue siendo limitada. Según la Airef, la probabilidad media de que un beneficiario deje de percibir el IMV por incorporarse a un empleo es del 12%. El porcentaje aumenta hasta el 20% en las familias monoparentales y aquellas en las que la prestación representa una parte elevada de la renta garantizada.
Según la Airef, el problema es que para algunos beneficiarios, aceptar un empleo puede suponer la perdida del IMV pese a tener trabajos con salarios bajos o contratos inestables . En esos casos, la diferencia entre los ingresos procedentes del empleo y los que garantiza la prestación puede ser insuficiente para compensar la pérdida de protección.
El Gobierno puso en marcha en 2023 un incentivo al empleo , reformado en marzo de 2026, para reducir este problema. El mecanismo permite que una parte del incremento de los ingresos laborales no se tenga en cuenta a la hora de calcular la reducción del IMV. Sin embargo, la Airef considera que el incentivo no ha tenido efecto. En su opinión, esto se debe a la dificultad para que los beneficiarios sepan con antelación cómo cambiará su prestación si empiezan a trabajar y para ello el organismo reclama un sistema más sencillo.
Por otra parte, la autoridad ha recordado que el 51% de los perceptores debe combinar la ayuda con otras prestaciones, mientras que un 16% recibe dos o más ayudas adicionales. El subsidio por desempleo es una de las prestaciones que más se solapan con el IMV: el 16,6% de los titulares lo percibe durante su primer año como beneficiario del ingreso mínimo. La coincidencia es especialmente frecuente entre los mayores de 52 años, donde ambas ayudas se solapan con mayor intensidad.
Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre el ingreso mínimo vital apenas llega al 44% de los hogares con condiciones para recibirlo y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.
