El Gobierno vuelve a retrasar el registro horario pese a que prometió reforzarlo este mes de septiembre
Trabajo y Economía se comprometieron a llevarlo al Consejo de Ministros durante el noveno mes, pero no entrará en la última reunión, la del martes que viene
El Gobierno no aprobará el refuerzo del registro horario la semana que viene, según precisan fuentes gubernamentales, de manera que incumplirá la promesa que emitió a finales de julio. Entonces, el Ministerio de Trabajo y el de Economía dijeron que habían alcanzado un acuerdo político para aprobar esta medida, consensuada con los sindicatos, el mes de septiembre. Con esa calendarización, el Ejecutivo atenuó la decepción sindical por ignorar el ultimátum que habían lanzado UGT y CC OO: dijeron que si no se aprobaba en julio, no pactarían más con el Gobierno. Ni fue en julio, ni será en septiembre, ni el Gobierno especifica cuándo.
El retraso, según fuentes conocedoras del enredo, se debe al dictamen muy desfavorable que emitió el Consejo de Estado: la parte socialista del Ejecutivo tiene reticencias a llevar el texto al Consejo de Ministros tras el varapalo que le dio el consejo consultivo. El órgano emitió una valoración muy crítica con la falta de adecuación por sectores, la carga extra para pymes y considerando que el proyecto invade terreno legislativo, pese a tratarse de un reglamento.
En opinión de Trabajo, esos argumentos se sustentaban, principalmente, en las valoraciones del proyecto que emitió Economía, circunstancia que entonces criticó Yolanda Díaz: "A pesar de los intentos del Ministerio de Economía vamos a seguir adelante con el nuevo registro horario", dijo la vicepresidenta segunda en marzo. Esos días también afirmó: "Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer". El tono se ha ido atenuando en los últimos meses, a medida que el departamento de Díaz y el de Carlos Cuerpo han avanzado en cómo satisfacer esas quejas del Consejo de Estado.
Ahora, ni Trabajo ni Economía se critican por el nuevo retraso y tampoco dan un nuevo plazo, tras incumplir el de septiembre. Desde el departamento de Díaz sostiene que esperan aprobarlo lo antes posible y que están trabajando para hacerlo, mientras que Economía indica que siempre ha estado a favor de aprobarlo cuanto antes. Todo el foco mediático y político, de cara a la reunión del gabinete de la semana que viene, está en las medidas de vivienda que pretende impulsar el Gobierno ante la indignación social que ha despertado el desahucio de Maricarmen.
Según viene especificando Trabajo, el ministerio introducirá algunos cambios técnicos en el texto para atender a las críticas del Consejo de Estado, pero que no modifican el espíritu de la norma pactada con los sindicatos. Entre otros aspectos, Economía y Trabajo diferían sobre el periodo de adaptación que concederá la norma, con Díaz a favor de seis meses y Carlos Cuerpo de un año. Fuentes sindicales sostienen que el Gobierno aún no les ha detallado cuáles serán los cambios respecto a lo que pactaron con ellos en diciembre de 2024, hace casi dos años.
El registro horario es exigible a las empresas desde 2019, introducido por el entonces gobierno en solitario del PSOE. Trabajo plantea que sea obligatoriamente digital (ahora se puede realizar en papel) y accesible de forma directa por Inspección, de manera que los inspectores puedan vigilar en tiempo real el cumplimiento de esta materia.
El Gobierno pretende aprobar el cambio por decreto, de manera que no es necesario el concurso del Parlamento. Así, el Ejecutivo esquiva el riesgo de que la mayoría de derechas del Legislativo tumbe la medida, como ya hizo hace un año con la reducción de jornada. CEOE cree (como el Consejo de Estado) que este planteamiento del Gobierno es un error, que la norma sí invade terreno legislativo y que se debería discutir en el Parlamento. De ahí que haya anunciado que, de ser aprobado así en el Consejo de Ministros, judicializará el asunto.
El rechazo de los sindicatos a adoptar nuevos acuerdos tiene especial trascendencia política para Yolanda Díaz, dado que son la parte del diálogo social con la que consigue pactar sus proyectos legislativos (hace más de dos años que no logran pactar con CEOE y Cepyme). Ahora hay cuatro mesas abiertas: la de la trasposición de la directiva de transparencia salarial, la del proyecto para dar entrada a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas, la que busca reformar la indemnización por despido y la que plantea una estrategia para activar el empleo entre menores de 24 años y parados de larga duración mayores de 45.
Los sindicatos se muestran más comprensivos con el fracaso de los pactos en el Congreso, dada la mayoría de derechas, pero están muy enfadados por la falta de ritmo en la aprobación de los decretos comprometidos, como el registro horario, el plan B del Gobierno ante el fracaso de la reducción de jornada. Las centrales también se quejan de que el Gobierno aún no haya aprobado el decreto sobre compensación y absorción de pluses para que las empresas no puedan eliminar estas partidas retributivas cuando sube el SMI.
