El Gobierno defiende que el descuento fiscal a los carburantes se ha trasladado con rapidez a los surtidores

El tercer paquete de ayudas desplegado para hacer frente a la crisis energética ha recibido luz verde para poder seguir operando hasta finales de año. La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este viernes el decreto ley que lo contiene, que incluye una de las medidas estrella del escudo anticrisis: la rebaja fiscal a la gasolina y el diésel. El ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha asegurado que 24 horas después de que el decreto se aprobara en el Consejo de Ministros —el pasado 30 de septiembre—, "el 82% de las gasolineras [...] ya había trasladado el total de esta reducción impositiva al precio en el surtidor". "Esto, evidentemente, son ahorros directos para los consumidores: casi el 60%, por ejemplo, del incremento del coste en el caso de la gasolina o un 40% en el caso del diésel", ha dicho este viernes ante los diputados, a los que ha explicado el contenido del decreto.

La guerra en Oriente Próximo ha vuelto a agitar el fantasma de la inflación. El índice de precios al consumo alcanzó en septiembre, último dato disponible, el 4,9%, la tasa más alta en tres años, con el componente energético como gran responsable de la llamarada. El diésel se encareció un 34% con respecto al mismo mes del año anterior, y la gasolina lo hizo un 27%, obligando a elevar la rebaja fiscal en el impuesto de hidrocarburos hasta los 20 céntimos, tal y como prevé el esquema de ayudas diseñado por el Gobierno. Una de las claves para que ese mecanismo funcione es que las gasolineras trasladen esa rebaja al precio final que paga el consumidor, algo que vigilan las autoridades de Competencia.

El Ministerio de Economía ha desplegado paquetes de ayuda de tres meses en tres meses desde el inicio de la crisis energética en marzo, alegando que la incertidumbre que rodea el conflicto impide hacer previsiones a más largo plazo. Con la misma lógica, ha ido quitando y poniendo medidas y ha diseñado un esquema de rebajas fiscales a los carburantes condicionado a la evolución del IPC. Si el diésel y la gasolina se encarecen por encima del 15%, el descuento se amplía hasta los 20 céntimos; si la subida es menor, la ayuda va retirándose paulatinamente.

El objetivo es que el consumidor pueda notar un alivio directo en su bolsillo. Para ello, el Gobierno también ha reforzado las tareas de supervisión, habilitando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a vigilar que el descuento se traslade efectivamente a la estación de servicio y no acabe fagocitado en un aumento de márgenes del sector. El organismo deberá publicar antes del 30 de noviembre un estudio sobre los funcionamientos de los mercados de distribución y comercialización de energía. Asimismo, el Ejecutivo le ha encomendado la tarea de hacer un seguimiento de la evolución de los precios de los alimentos, que suelen encajar el golpe energético con meses de retraso.

Este último escudo anticrisis —que finalizará el 31 de diciembre, ya celebradas las elecciones generales del 29-N— también limita el encarecimiento de la tarifa regulada del gas (TUR), congela el precio de la bombona de butano hasta verano de 2027, prorroga las ayudas al gasóleo profesional y abre la puerta a volver a activar la rebaja en el IVA de la electricidad, entre otras medidas. Su coste estimado hasta finales de año ronda los 12.000 millones, cerca de medio punto de PIB.

Según los cálculos del Gobierno, las ayudas desplegadas desde marzo hasta el pasado mes de septiembre habrían reducido hasta siete décimas en promedio la inflación. "Desde la puesta en marcha en el mes de marzo hasta septiembre, estas medidas habrían permitido amortiguar hasta un entorno del 40%-50% incluso del incremento de la inflación general", ha detallado Cuerpo ante los diputados de la Diputación Permanente. Este órgano mantiene parte de las funciones del Pleno una vez disueltas las Cortes. Este viernes también ha convalidado las ayudas para los afectados por la dana y más adelante pasarán por sus manos los decretos de vivienda que el Congreso tumbó, detonando el adelanto electoral.

El decreto ha salido adelante con los votos favorables de PP, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, el voto en contra de Vox y la abstención de Junts.