Desproporcionado, concentrar la producción de boletas electorales en Talleres Gráficos

El exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, sostiene que la crisis en el organismo tiene su origen en la concentración del poder.

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que Talleres Gráficos de México asuma la producción de toda la documentación electoral del país enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad técnica y económica.

Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), considera que la medida obligaría a ampliar considerablemente la infraestructura de la institución pública para atender una demanda que se concentra en apenas unos meses cada tres años.

En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, Jacobo advirtió que el planteamiento presidencial no resuelve el problema de fondo: las presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral y el debilitamiento de los mecanismos internos de vigilancia.

"Me parece desproporcionado. Generaría Talleres Gráficos una capacidad ociosa increíble durante un periodo electoral y otro", señaló.

El exfuncionario explicó que Talleres Gráficos de México, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha producido históricamente las boletas y actas de las elecciones federales, incluso desde antes de que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) obtuviera su autonomía en 1996.

Sin embargo, recordó que la institución no cuenta con la capacidad instalada para elaborar simultáneamente toda la documentación de los procesos electorales estatales y federales. Durante las elecciones de 2018 y 2021, algunos organismos locales solicitaron sus servicios, pero la empresa pública únicamente pudo atender una parte de esa demanda.

La producción, añadió, requiere maquinaria especializada, papel de seguridad y una compleja operación logística que garantice la entrega de las boletas a tiempo en cada entidad federativa.

"Mi pregunta sería: ¿y cada tres años qué van a hacer con toda esa maquinaria, ese personal que se requiere para hacer esa producción?", cuestionó.

Más allá del debate sobre Talleres Gráficos, Jacobo dirigió sus críticas a la administración reciente del organismo electoral. A su juicio, las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores reflejan un deterioro de los mecanismos de supervisión que históricamente habían caracterizado al instituto.

El exsecretario ejecutivo sostuvo que la concentración de facultades en la presidencia del INE debilitó el funcionamiento colegiado de la institución y redujo los contrapesos administrativos.

El exfuncionario vinculó este proceso con una tendencia más amplia de concentración del poder político en México, aunque sus señalamientos corresponden a una valoración personal sobre el funcionamiento institucional.

Jacobo reconoció que pudieron existir contrataciones anteriores, pero aseguró que, durante su gestión, se trataba de operaciones menores realizadas mediante procedimientos de licitación pública.

"No recuerdo yo que ninguna de estas empresas haya tenido algún contrato importante con el Instituto Nacional Electoral, y menos por asignación directa", sostuvo.

El exsecretario ejecutivo destacó que los procedimientos de contratación del instituto contaban con mecanismos de supervisión, entre ellos la participación del Órgano Interno de Control, la posibilidad de auditorías y el acompañamiento de testigos sociales.

Estos últimos, explicó, eran especialistas o instituciones independientes que vigilaban las distintas etapas de las adquisiciones para contribuir a su transparencia.

Jacobo admitió, sin embargo, que desconoce los detalles de las decisiones administrativas tomadas durante los últimos tres años y medio, después de su salida del INE.

Su diagnóstico sobre la situación actual se basa, precisó, en la experiencia acumulada durante sus 15 años como secretario ejecutivo.

"La impresión que yo tengo es que se relajaron las instancias de control interno, lo que propició una situación como la que estamos viviendo", señaló.

Jacobo insistió en que esclarecer los hechos debe ser la prioridad institucional, por encima de cualquier modificación al modelo de producción de documentación electoral.

El exfuncionario advirtió que las denuncias afectan uno de los principales activos del instituto: la confianza de los ciudadanos en la organización de las elecciones y en la legitimidad de sus resultados. "Si el INE vivía de algo, era de la credibilidad y la confianza ciudadana", afirmó.

A siete meses de la jornada electoral, recordó, el organismo necesitará convocar a miles de ciudadanos para participar como funcionarios de casilla, una tarea que depende de la confianza pública en la autoridad electoral.

Para Jacobo, el riesgo trasciende las presuntas irregularidades administrativas. La posibilidad de que los ciudadanos vuelvan a desconfiar de los resultados electorales supondría un retroceso respecto de los avances institucionales construidos durante las últimas décadas.

"Lo que ponen en riesgo es lo que ya habíamos ganado, que las elecciones no fueran un problema, que los resultados electorales fueran confiables", advirtió.

En su opinión, incluso un partido con amplio respaldo electoral debería ser el principal interesado en contar con una autoridad independiente y creíble que garantice la validez de sus triunfos.

La discusión sobre Talleres Gráficos, concluyó, no debe desplazar la exigencia de investigar las contrataciones cuestionadas y determinar las responsabilidades correspondientes. La credibilidad del árbitro electoral, sostuvo, es lo que está en juego.

La concentración del poder en el INE Más allá del debate sobre Talleres Gráficos, Jacobo dirigió sus críticas a la administración reciente del organismo electoral.

Los contratos bajo sospecha Durante la conversación, Vega recordó que Sheinbaum ha señalado que algunas de las empresas y consorcios relacionados con las investigaciones recientes mantenían vínculo s contractuales con el INE desde 2014.

La confianza electoral, en riesgo Durante la entrevista, Vega señaló que la presidencia interina del organismo había anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar posibles delitos relacionados con las irregularidades denunciadas.