Cuba aprueba en tiempo récord su mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años

Las autoridades cubanas presentaron y aprobaron en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, pendiente ahora de su capacidad para confrontar la profunda crisis que sufre la isla y las exigencias de Estados Unidos.

En siete días, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció por sorpresa las medidas, el pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC, único legal) las respaldó y una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) las ratificó.

Ante la ANPP, Díaz-Canel aseguró este jueves que Cuba "vive las horas más difíciles de este siglo" y que "es tiempo de cambiar todo lo que tiene ser cambiado", un momento histórico que "exige transformar".

¡Cuba cambia para levantarse! ¡Cuba cambia para vivir mejor! ¡Cuba cambia para seguir siendo libre!",

El plan, al menos en su letra, supone un antes y un después en el sistema económico estatista y centralizado de Cuba, al buscar abrir y descentralizar una economía exhausta y paralizada por factores internos y, especialmente en los últimos seis meses, por la política de máxima presión de Estados Unidos.

Aunque también desde la presidencia de Raúl Castro (2008-2018) el Gobierno cubano hizo planteamientos y anuncios reformistas que posteriormente no se aplicaron, se rebajaron en su alcance o quedaron trabados en gran medida en una maraña burocrática.

Es difícil prever las consecuencias de estos movimientos. Algunos analistas apuntan hacia un escenario en línea con las transformaciones de sistemas como el chino y el vietnamita, mientras otros advierten sobre la posibilidad de que la isla se oriente más hacia un régimen económico como el ruso.

El actual paquete contempla 176 reformas, algunas de gran alcance. Muchas se propusieron y anunciaron en los últimos años, en ocasiones hace más de una década. Otras tratan de afrontar problemas recientes, como la escasez de combustible derivada del bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Las medidas van desde la entrada en el sector turístico de "nuevos actores" en "nuevas modalidades" hasta el fomento de la inversión extranjera directa, especialmente para cubanos no residentes, además de iniciativas para ampliar el papel del sector privado.

También contemplan cambios destinados a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y municipios.

Asimismo, se busca acabar con las graves distorsiones del sistema monetario, que actualmente opera con dos monedas, tres tipos de cambio oficiales y una tasa informal dominante. También se pretende ajustar el sistema tributario e incluso eliminar los subsidios universales a productos básicos para sustituirlos por apoyos dirigidos únicamente a grupos vulnerables.

El primer ministro, Manuel Marrero, al defender las iniciativas ante la ANPP, habló de "medidas de impacto estratégico" que en absoluto pervierten el carácter socialista del sistema económico cubano, sino que son una "condición para su preservación".

Estas, además, no serían las últimas reformas de La Habana. Como reveló EFE, Díaz-Canel puso en marcha un grupo de expertos, que incluye economistas no oficialistas y críticos, para plantear nuevas medidas más allá de las ya aprobadas.

Las iniciativas buscan responder a dos realidades que enfrenta el Gobierno cubano: la situación interna, marcada por el deterioro económico, energético y social, y las presiones procedentes de Washington para que La Habana introduzca cambios políticos y económicos.

La administración del presidente Donald Trump impidió casi totalmente la entrada de crudo y derivados en Cuba durante los últimos seis meses mediante un bloqueo petrolero que, además de paralizar parte de la economía estatal, afectó la educación, la sanidad y los servicios públicos más básicos, además de llevar los apagones a niveles récord.

El deterioro de la calidad de vida, progresivo en los últimos seis años y acelerado desde enero, está alentando protestas inusuales en la isla, pequeñas y pacíficas pero cada vez más frecuentes, en las que los ciudadanos golpean cacerolas y queman basura acumulada en las calles.

Además, Estados Unidos provocó una salida de empresas internacionales que operaban en la isla, incluidas hoteleras, mineras, navieras, aerolíneas y bancos, mediante una orden ejecutiva que prevé sanciones secundarias para compañías que mantengan vínculos con el Estado cubano o sus empresas.

Díaz-Canel, pese a criticar la política de Washington contra la isla, afirmó ante la ANPP que las reformas no son una reacción a la presión estadounidense, sino un ejercicio "soberano" de su país para mejorar su desempeño económico.

"No estamos haciéndolo por las presiones de los yankis, sino porque hemos llegado a un momento de madurez, de reflexión", subrayó el presidente cubano, quien sostuvo que "Cuba decide sin más permiso que el de su pueblo" y "diseña y propone soberanamente los cambios que necesita".

Reiteró que su Gobierno está dispuesto a dialogar sobre todos los temas posibles con Washington "sin odio, pero sin miedo", y agregó que "Cuba está lista para una relación civilizada y respetuosa que beneficie a ambos pueblos".

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