Crimen organizado asfixia a pequeños negocios
La violencia del crimen organizado en México no se limita al cobro de extorsiones.
Un informe de Data Cívica revela que ocho de cada diez establecimientos atacados son pequeños comercios. Sinaloa, Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz concentran casi la mitad de las agresiones documentadas.
Esta es una de las principales conclusiones de Negocios entre Balas, una investigación de la organización Data Cívica que documenta las agresiones contra establecimientos comerciales y actividades productivas en distintas regiones del país.
En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, explicó que la violencia golpea principalmente a los pequeños comercios, aquellos que tienen menos recursos para protegerse, afrontar las extorsiones o suspender sus operaciones.
"Ocho de cada diez negocios que son atacados son de este tipo: tortillerías, tiendas de abarrotes, farmacias, refaccionarias", señaló.
El informe se presenta en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad empresarial. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2026 del INEGI, citada durante la entrevista, una de cada cuatro empresas mexicanas fue víctima de algún delito durante el año anterior.
Días después, según la información recopilada por la organización, se conoció que grupos criminales les exigían pagos por extorsión y las obligaban a adquirir flores a precios elevados a proveedores impuestos por los propios delincuentes.
El resultado fue la suspensión de actividades de varios establecimientos.
Para Meltis, el caso demuestra que las organizaciones criminales no buscan únicamente obtener dinero mediante amenazas, sino intervenir directamente en el funcionamiento de los mercados locales.
"Deciden quién vende, a qué precio, a quién hay que comprarle, por qué rutas se mueven las mercancías", explicó.
El control criminal puede alcanzar así distintas etapas de la actividad económica, desde el abastecimiento de productos hasta su distribución y comercialización.
Los ataques, añadió, funcionan como mecanismos de castigo contra quienes incumplen las reglas impuestas por los grupos delictivos o como instrumentos para disputar el control de determinados mercados.
Sinaloa encabeza la lista con 65 ataques, equivalentes al 20% del total registrado.
A escala municipal, Culiacán aparece como el principal foco de violencia contra establecimientos comerciales, con 48 agresiones, aproximadamente una de cada siete del conjunto documentado. Le sigue Irapuato, Guanajuato.
La mayoría de los ataques se comete mediante disparos contra los establecimientos, aunque los incendios y las explosiones representan cerca del 40% de los casos.
Meltis destacó que la ausencia de registros en algunas entidades no necesariamente significa que sus negocios estén libres de amenazas.
En estados como Durango y Zacatecas, donde el proyecto no documentó este tipo de agresiones, podrían existir dinámicas de control criminal que no requieran recurrir a ataques visibles.
Otra posibilidad, advirtió, es que las condiciones de inseguridad limiten la cobertura periodística de estos acontecimientos.
La organización considera, por tanto, que los registros deben interpretarse como una aproximación a la violencia visible contra los negocios, no como un recuento exhaustivo de todas las formas de control criminal.
En municipios de Michoacán como Buenavista, Apatzingán y Cotija, la detonación de artefactos explosivos improvisados en huertas de limón y aguacate provocó la muerte de jornaleros y de un productor, según relató Meltis.
Estos episodios ilustran una dimensión de la violencia que va más allá de los establecimientos comerciales y afecta directamente a las cadenas de producción agrícola.
La directora de Data Cívica explicó que, aunque la extorsión está presente en aproximadamente uno de cada cinco ataques documentados, existen otras formas de agresión destinadas a modificar las condiciones en las que operan los negocios.
Los incendios, las explosiones y las balaceras pueden utilizarse para intimidar a productores, eliminar competidores o imponer nuevas condiciones comerciales.
Las consecuencias de esta violencia son especialmente graves para los establecimientos familiares y los pequeños productores.
A diferencia de las grandes empresas, estos negocios suelen carecer de recursos suficientes para contratar seguridad, absorber pérdidas prolongadas o suspender temporalmente sus operaciones.
En muchos casos, sus propietarios han invertido buena parte de su patrimonio en mantenerlos abiertos.
La decisión de denunciar también puede implicar riesgos adicionales, particularmente cuando los grupos criminales mantienen presencia territorial y capacidad de represalia.
Meltis señaló que las agresiones no solamente afectan la seguridad de los comerciantes, sino que pueden provocar el cierre de establecimientos y alterar la actividad económica de comunidades enteras.
La investigadora considera necesario analizar con mayor profundidad la relación entre los ataques criminales y la desaparición de negocios, un fenómeno que podría ayudar a dimensionar las consecuencias económicas de la violencia.
Uno de los planteamientos centrales de Negocios entre Balas es que la violencia cotidiana no puede medirse exclusivamente mediante las cifras de homicidios.
Aunque una reducción de los asesinatos puede representar una mejora en determinados indicadores de seguridad, no necesariamente refleja las condiciones que enfrentan comerciantes, trabajadores y consumidores.
El cierre de una tortillería por amenazas, la suspensión de actividades de una florería o los ataques contra productores agrícolas pueden transformar profundamente la vida cotidiana de una comunidad, incluso cuando estos hechos no se traducen en homicidios.
Para Data Cívica, comprender la violencia contra los negocios es indispensable para analizar cómo el crimen organizado modifica las relaciones económicas y sociales en los territorios donde opera.
La investigación busca llenar un vacío de información pública mediante el registro de agresiones con datos sobre su ubicación, fecha y sector económico afectado.
Su principal advertencia es que el poder de las organizaciones criminales no se mide únicamente por su capacidad de ejercer violencia, sino también por su influencia sobre las decisiones económicas de miles de pequeños comerciantes.
En numerosas comunidades mexicanas, abrir un negocio, elegir un proveedor o fijar el precio de un producto puede haber dejado de ser una decisión exclusivamente comercial.
