Cómo Erdogan ha transformado Turquía en los 10 años desde el último intento de golpe de Estado en el país

Disparos en las calles, tanques en movimiento, aviones sobrevolando a baja altura los edificios gubernamentales, el Parlamento bajo ataque: todo transmitido en directo por televisión.

Incluso para Turquía, un país que había sufrido tres golpes de Estado y dos intervenciones militares más, la noche del 15 de julio de 2016 no tuvo precedentes.

Nunca antes el Parlamento turco había sido atacado, ni el puente del Bósforo en Estambul —ahora llamado oficialmente Puente de los Mártires del 15 de Julio— había presenciado tal derramamiento de sangre cuando los civiles respondieron al llamado del presidente Recep Tayyip Erdogan para resistir a los golpistas.

En una intervención en directo a través de una aplicación móvil desde un lugar desconocido, Erdogan instó a sus seguidores a salir a las calles esa noche. Las mezquitas de todo el país amplificaron su mensaje mediante altavoces.

Por la mañana, el intento de golpe de Estado había sido derrotado. Un total de 253 personas murieron, entre ellas 184 civiles, mientras que 34 presuntos conspiradores también perdieron la vida.

El intento de golpe de Estado duró apenas unas horas, pero sus consecuencias han transformado la política turca durante la última década, alterando el equilibrio de poder interno y redefiniendo las relaciones del país con el exterior.

El gobierno de Erdogan culpó a la red del clérigo islamista Fethullah Gulen, radicado en Estados Unidos, de orquestar el intento de golpe de Estado. Hasta su muerte, ocurrida en 2024, Gulen negó haber tenido alguna implicación en estos hechos.

El estado de emergencia fue declarado días después del complot y se mantuvo vigente hasta 2018, siendo prorrogado siete veces.

Durante ese período, las autoridades llevaron a cabo una de las mayores purgas de la historia moderna de Turquía. El gobierno afirmó que estas medidas eran necesarias para desmantelar la red de Gulen.

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El movimiento religioso de Gulen, que en su día fue un estrecho aliado del presidente Erdogan, había ocupado puestos influyentes en todo el Estado y la burocracia turca durante décadas.

Tras el intento de golpe de Estado, decenas de miles de militares —entre ellos altos mandos y generales—, jueces, fiscales, policías, académicos y funcionarios públicos fueron arrestados, destituidos o suspendidos de sus cargos.

Cientos de escuelas privadas e instituciones educativas presuntamente afiliadas a la red de Gulen fueron clausuradas, junto con varias universidades.

Los críticos argumentan que la represión se extendió mucho más allá de los presuntos golpistas y partidarios del movimiento Gulen, y que tuvo como objetivo un espectro más amplio de disidencia.

Figuras de la oposición afirman que, tras las purgas, otras comunidades religiosas ganaron influencia dentro de las instituciones estatales. Los funcionarios del gobierno rechazan esas acusaciones.

Podría decirse que la consecuencia política más significativa del intento de golpe de Estado fue la consolidación del poder del presidente Erdogan.

En 2017, los votantes aprobaron por un estrecho margen cambios constitucionales que sustituyeron el sistema parlamentario por una presidencia ejecutiva con amplios poderes. Los cambios entraron en vigor al año siguiente, cuando se abolió el cargo de primer ministro y se ampliaron las atribuciones presidenciales.