Citi ve en la tributaria de De la Espriella es "un esfuerzo serio" por ajustar las finanzas de Colombia

Citi ve en la tributaria de De la Espriella es "un esfuerzo serio" por ajustar las finanzas de Colombia. Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, la ley mejoraría el balance primario del Gobierno central en 2,35% del PIB en 2027 y en 4,09% hacia 2030, frente a un escenario sin medidas. (Bloomberg/Michael Nagle)

Bogotá — Citi sostiene que la Ley de Rescate "es un paquete más amplio y ambicioso de lo esperado". El proyecto, de 106 artículos, combina consolidación fiscal, reforma tributaria, cambios en el financiamiento de la salud, reestructuración del Estado, incentivos a la inversión y una reescritura de la regla fiscal.

Para el banco, el texto "entrega en gran medida" la estrategia que la administración prometió desde la transición y es el primer esfuerzo integral por atender las presiones fiscales del país.

Si se suman las medidas adicionales que llegarían por el Plan Nacional de Desarrollo y por actos administrativos, las cifras suben a 2,39% y 4,73%, respectivamente.

Destaca el banco estadounidense que la Ley de Rescate cumple en gran medida con la estrategia de ajuste fiscal prometida por el Gobierno.

La propuesta combina la consolidación fiscal, la reestructuración del Estado, cambios tributarios, la reforma de la financiación sanitaria, incentivos a la inversión y una revisión de la regla fiscal.

Según Citi, el ajuste "es considerable", aunque su composición "difiere de la presentación pública del Gobierno", ya que gran parte de la mejora a corto plazo proviene de medidas que reducen las necesidades de financiación del Tesoro mediante mayores contribuciones e ingresos destinados a fines específicos.

A su juicio, el paquete parece suficiente para estabilizar la deuda según las previsiones del Gobierno y debería ser bien acogido en general "como un esfuerzo serio por hacer frente a las presiones fiscales".

Advierte que la atención se centra ahora en el Congreso, en donde "parece probable que se produzca cierta dilución", pero la cuestión clave es si las medidas en las que se basa la mayor parte del ajuste previsto para 2027 se mantendrán prácticamente intactas.

Citi aclara que el 2,35% no equivale a una mejora anual del balance fiscal. Es la diferencia entre un déficit primario de cerca de 4,5% del PIB en 2027 sin medidas y uno de unos 2,1% con el proyecto.

Medido año contra año, Hacienda proyecta que el déficit primario pase de 3,5% del PIB en 2025 a 3,3% en 2026 y a 2,1% en 2027.

Esa mejora de cerca de 1,2 puntos porcentuales sería, según el informe de Citi, uno de los mayores ajustes fiscales anuales de las últimas tres décadas en Colombia.

Uno de los hallazgos centrales del análisis es que la composición del ajuste difiere de cómo lo presenta el Gobierno, que lo describe como cerca de 70% basado en gasto.

Citi aclara que su reagrupación "no busca cuestionar la aritmética del Gobierno", sino mostrar quién termina financiando el ajuste.

Con ese enfoque, la reducción directa del gasto aporta 0,58 % del PIB en 2027, apenas una cuarta parte del efecto de la ley. Las contribuciones a nómina y salud, junto con los impuestos selectivos, aportan 1,46% del PIB y explican la mayor parte del ajuste del primer año.

La razón es que aumentar contribuciones con destinación específica y recaudos de impuestos al alcohol y al tabaco genera ahorros más rápido que reestructurar el gasto discrecional.

Estas medidas aumentan los recursos de la Adres, el Sena y el ICBF, lo que permite al Gobierno central reducir transferencias.

En términos fiscales, bajan las necesidades de financiamiento del Tesoro. En términos económicos, parte de la carga pasa a empleadores, trabajadores y consumidores.

El informe subraya que la estructura del ajuste cambia después del primer año.

En 2027 pesan las contribuciones a nómina y salud, la redirección de recursos de la seguridad social, los impuestos al alcohol y al tabaco y una medida única de normalización tributaria.

Según Citi, "2027 es principalmente una historia de contribuciones y financiamiento de la salud".

A partir de 2028 el protagonismo pasa al IVA y al impuesto de renta de personas naturales. Sus medidas netas aportan solo 0,30% del PIB en 2027, pero 1,62% en 2028, cuando entran en vigor las principales medidas del IVA y comienzan los ahorros de personal.

Citi anota además que "la política de 2027 es distinta a la política de 2028", y que la negociación del IVA y la renta podría cambiar la composición de mediano plazo sin alterar necesariamente el resultado inmediato de 2027.

Reestructuración del Estado. El proyecto permite diferir ciertas transferencias sin aval del Confis, ordena revisar fondos especiales y rentas de destinación específica, reduce a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios en 2027 y plantea un recorte nominal de 20 % en gasto de personal en 2028. También otorga seis meses de facultades extraordinarias para fusionar, escindir o eliminar entidades y ministerios.

Salud. Se estrechan las exenciones de los empleadores a los aportes de Sena, ICBF y salud, se introduce un esquema de contribución más progresivo para empleados e independientes, se traslada un punto de nómina de las cajas de compensación hacia la salud y se dirigen más recursos de impuestos selectivos a este sector.

Impuestos. La reforma se apoya más en ampliar la base que en subir tarifas. El IVA elimina la tarifa de 5% desde 2028 y crea EfectiVA, una devolución focalizada para hogares de menores ingresos. En renta de personas se reducen umbrales de exención, se crea un tramo de 9% y se grava más a los ingresos altos. La tarifa general corporativa baja de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028.

Inversión. El nuevo régimen RUGE ofrece a grandes proyectos tarifas reducidas, depreciación acelerada y estabilidad jurídica hasta por 16 años, con la intención de compensar la narrativa de bajo crecimiento que suele acompañar a la consolidación fiscal.

El proyecto mantiene la arquitectura de la regla fiscal, incluidos el ancla de deuda de 55% del PIB, el límite de 71%, el balance primario neto estructural y el CARF.

El cambio principal es que cada gobierno fijaría por decreto sus propios pisos de balance estructural a cuatro años, en lugar de seguir una senda establecida por ley.

Se agregan una cuenta de control para desviaciones, mecanismos automáticos de corrección cuando la deuda supere ciertos umbrales y condiciones más estrictas para activar la cláusula de escape.

Con todas las medidas, la deuda neta se estabilizaría cerca de 64% del PIB: por debajo del límite de 71 %, pero por encima del nuevo umbral preventivo de 63% y del ancla de 55%.

Por eso Citi concluye que el proyecto es "una estrategia de estabilización de la deuda, más que de reducción". Para los tenedores de bonos, significa un piso creíble frente a nuevos deterioros, pero no la trayectoria descendente que suele acompañar a las mejoras de calificación.

Hacienda estima que el paquete podría sumar hasta 0,6 puntos porcentuales a la inflación en 2027, sobre todo por los impuestos al alcohol y al tabaco, y cerca de 1,4 puntos en 2028, principalmente por el IVA.

El Gobierno los califica como efectos únicos sobre el nivel de precios. Citi considera que no alteran la narrativa de desinflación, pero que podrían complicar el calendario de convergencia a la meta y sumar un factor al panorama de política monetaria cuando entre en vigor el IVA en 2028.

Pese a su peso en el debate fiscal, el proyecto "deja en gran medida intacta" la política de precios de los combustibles, según Citi.