'Caso Holaluz': ¿el fin de la fiesta de las comercializadoras eléctricas?

El pasado día 18 una noticia sorprendía al mundo energético: el BOE publicaba el procedimiento iniciado por el Ministerio de Transición Ecológica para inhabilitar a Holaluz-Clidom como comercializadora de electricidad . La compañía catalana, que irrumpió en 2011 como la gran esperanza verde (solo vende energía renovable) y fue un ejemplo a seguir en un sector controlado históricamente por las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, se las veía cara a cara con un Gobierno dispuesto a estrechar el cerco a las irregularidades y, en el peor de los casos, impagos, de unas compañías que han proliferado como setas desde que en la primera década del siglo se abriese el mercado de venta de electricidad a una competencia que "nunca ha sido efectiva", coinciden varios expertos.

En el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) figuraban a finales del año pasado 564 comercializadoras, de las cuales, solo tenían actividad 445 (muchas de ellas con tan solo un cliente o con nombres peculiares como Lucky Luz o Luciferasa). Una lista variopinta en la que aparecen, además de las eléctricas tradicionales (en algunos casos, con varias filiales); las petroleras que han irrumpido en el negocio eléctrico (por ejemplo, Repsol o TotalEnergie); grandes grupos empresariales (como El Corte Inglés o Telefónica), que no quieren perder la oportunidad de vender luz a sus clientes, pero, sobre todo, una pléyade de pequeñas y medianas empresas que, en algunos casos, han logrado sobrevivir dignamente en un duro mercado y, en otros muchos, han abandonado el negocio sin darse de baja en el registro de la CNMC (las denominadas fantasma ) o han causado un perjuicio económico al sistema (las llamadas pirata ) por impagos.

Según un reciente informe del organismo regulador, el agujero generado por las que no pagan la energía que adquieren y venden (sin garantías suficientes) supera los 243 millones de euros. A ellos que hay que sumar otros 14 millones por el impago de peajes de acceso a las redes, que sí cobran a sus clientes en la factura pero no trasvasan a la distribuidora que debe, en cualquier caso, pagárselos a la CNMC, organismo encargado de liquidar los ingresos del sistema a las empresas implicadas. Además, la deuda fallida, "que se considera incobrable por insolvencia o desaparición de la comercializadora", supone otros 40 millones.

Según este informe, "España es el país europeo con mayor número de comercializadoras eléctricas activas" lo que se explica "por la facilidad para entrar en el mercado minorista de la electricidad". Según la regulación española, para darse de alta como comercializadora de luz solo se requiere un capital social de 3.000 euros, el mismo que cualquier sociedad limitada. La CNMC reclama que el capital mínimo aumente a 60.000 euros.

Más allá del caso Holaluz , compañía que tiene 10 días hábiles para alegar y lograr que el ministerio archive su causa, lo cierto es que en pocos meses (desde febrero) el departamento que dirige Sara Aagesen ha abierto procedimiento de inhabilitación a 54 comercializadoras , cifra que contrasta con los 64 registrados entre 2022 y 2025, de los cuales, 39 se produjeron por incumplimiento de los requisitos económicos y 25 por falta de actividad. Hay quien considera que muchas empresas no se dan de baja por dejadez o por si deciden volver a comercializar, ya que darse de alta lleva su trámite. Otra explicación, que circula entre las grandes, es que al permanecer en el registro, tienen acceso a los datos sobre suministro o clientes de la CNMC.

Pero, ¿por qué este acoso repentino a las comercializadoras? La explicación está en el Reglamento europeo de comercialización y suministro eléctrico que el Gobierno traspuso en un real decreto el pasado 11 de febrero, que impone condiciones más estrictas para vender electricidad. Así, el ministerio ya puede "actuar de oficio" para inhabilitar a las que no cumplan los requisitos (hasta ahora, los procedimientos se enredaban entre la CNMC y el operador del sistema, Red Eléctrica) lo que estrecha el margen para que las piratas desaparezcan o cambien de nombre; se reduce de un año a seis meses el plazo para inhabilitar a las inactivas (si no compran energía en ese plazo) y se endurecen los avales y los requisitos para demostrar la solvencia económica de la compañía, entre ellos, el pago de los peajes y los cargos.

Este ha sido precisamente el motivo aducido por el Ministerio de Transición Ecológica para iniciar el procedimiento de inhabilitación de Holaluz por un periodo de un año, según el borrador de resolución al que tuvo acceso EL PAÍS. En él figura una deuda por peajes y cargos denunciada por las distribuidoras de Iberdrola, Endesa y Naturgy, de hasta seis millones de euros (esta ha podido variar en los últimos días). Carlota Pi, cofundadora y directora de la compañía catalana, se ha mostrado confiada en que el problema se solucionará y ha denunciado el acoso al que las distribuidoras vienen sometiendo a Holaluz. Según sus palabras, "las grandes eléctricas se reparten el 80% del mercado, con un poder brutal" y "quieren acabar con Holaluz, que apenas tiene una cuota del 1% del mercado" (250.000 contratos).

Fuentes de una comercializadora de tipo medio denuncian que "las distribuidoras frenan muchas veces la competencia" y, al ser las encargadas de las lecturas de los contadores, "hay discrepancias con sus datos". Además, añaden, "como el grupo empresarial al que pertenecen tiene sus propias comercializadoras, a estas se les facilitan los mecanismos".

Las eléctricas históricas son grupos verticalmente integrados, esto es, son generadoras, distribuidoras (gestionan las redes en régimen de monopolio natural repartido entre cuatro territorios) y comercializadoras, no solo en el mercado libre, sino en el mercado regulado a través de sus comercializadoras de referencia o COR. Estas son filiales de las tres grandes del sector, además de Repsol y TotalEnergie, que tienen una cada una. Todas ellas suministran por ley a los pequeños consumidores (con menos de 10 kW de potencia) con el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC). Sobre un total de 30,6 millones de puntos de suministro, a esta tarifa están acogidos 8,3 millones de domésticos, mientras el resto (un 73%) tiene contratos en el mercado libre, según datos del regulador. Más del 80% del mercado lo controlan cinco empresas.

La ley española es muy proteccionista con los consumidores. De hecho, en caso de inhabilitación, desaparición o quiebra de su comercializadora, estos pasan de forma obligatoria a la COR de su zona de distribución con el PVPC. En el caso de los clientes de más de 10 kW, sin derecho a esta tarifa, también pasan a ella pero con un recargo del 20% hasta que contraten en el mercado libre. Todos ellos recibirán una carta, tanto de la empresa inhabilitada, como de la COR, para anunciarles el traspaso en ese escenario.

Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre 'Caso Holaluz': ¿el fin de la fiesta de las comercializadoras eléctricas? y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.