Agricultura activa por primera vez la retirada del 12% de la producción de aceite para evitar el desplome de los precios

El Ministerio de Agricultura tiene previsto formalizar este viernes la activación de un mecanismo inédito para que las almazaras retiren del mercado 188.000 toneladas de aceite de oliva (el 12% de la producción prevista en esta campaña, más las existencias). Se trata de poner en marcha un nuevo esquema de autorregulación que tiene como objetivo regular la oferta y frenar la caída de los precios en origen, una iniciativa que ha despertado recelos en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). En la que está considerada la cuarta mayor campaña productora desde que hay registros, las cotizaciones del aceite virgen extra se han desplomado hasta el entorno de los tres euros el kilo (un euro menos que hace un año y lejos de los cinco euros en los que se fija el umbral de rentabilidad), lo que ha provocado malestar entre los productores.

El BOE prevé publicar este viernes, según explican a EL PAÍS fuentes gubernamentales, una resolución de la Dirección General de Mercados Agrarios que fija en el 12% el porcentaje de aceite de oliva que deberán retirar las cooperativas y fábricas de aceite. La medida, que está amparada por la UE, tiene carácter excepcional en una coyuntura de sobreoferta. El propósito es estabilizar el mercado y evitar disfunciones graves en los precios.

La activación de la retirada del aceite llega tras una larga reivindicación de los productores: "En estos momentos se está pagando en origen el aceite de oliva virgen extra a poco más de tres euros, y con ello no se cubren los costes de producción, por lo que no se está cumpliendo la Ley de la Cadena en los contratos que se están firmando", ha señalado el responsable de olivar de COAG, Francisco Elvira. Esta organización ha pedido al Ministerio de Agricultura y a la Agencia de Control e Información Alimentarios que hagan inspecciones de oficio y controlen el cumplimiento de la Ley de la Cadena.

Según la orden ministerial publicada el pasado 30 de octubre, la condición indispensable para poder activar este mecanismo de retirada es que el nivel de existencias iniciales de la campaña más las estimaciones de producción alcancen el 120% del nivel medio de este sumatorio de las seis campañas anteriores.

Las estimaciones oficiales proporcionadas por las comunidades autónomas sitúan la producción para la campaña 2026/2027 en 1.602.596 toneladas (un incremento del 22,7% respecto al anterior, la cuarta de mayor volumen en el registro histórico). Al sumar unas existencias iniciales de enlace de 357.000 toneladas (un 23% superior a las de la campaña precedente), se alcanzarían aproximadamente 1.960.000 toneladas, volumen de partida muy holgado que, según el ministerio, justifica plenamente la activación de este mecanismo de regulación de la sobreoferta.

La retirada de aceite de oliva atiende a la solicitud persistente por parte de organizaciones del sector como UPA, COAG, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias, que han venido reclamando la aplicación del mecanismo en coyunturas como la actual. Según establece la norma, cada almazara tendrá la obligación de tener almacenado el 12% de su producción declarada mensualmente en instalaciones propias o ajenas y correspondiente a la campaña 2026/2027.

Sin embargo, la normativa cuenta con el rechazo de las patronales de industriales y envasadores de Anierac, Asoliva e Infaoliva, que consideran que la retirada obligatoria de aceite de oliva puede perjudicar la competitividad del sector y reclaman una estrategia a largo plazo que contemple tanto la producción como la comercialización.

También ha cuestionado esta normativa la CNMC, que ha alertado sobre los posibles efectos de una restricción de la oferta, entre ellos el incremento de precios, la reducción de incentivos para mejorar la calidad y la variedad de productos, y sostiene que la retirada puede alterar la estructura de precios por calidades.

Agricultura ha basado el umbral de activación en un análisis exhaustivo de las últimas 25 campañas de comercialización y en la media de disponibilidades de un periodo de seis años. Además, este promedio se ha incrementado preventivamente en un 20% para garantizar que la medida solo se active ante una abundancia de producto verdaderamente excepcional.

Según apuntan desde Agricultura, la retirada no genera desabastecimiento ni encarece artificialmente el producto para los consumidores, dado que se aplica exclusivamente en campañas con disponibilidades récord. Al ser el olivar un cultivo marcadamente vecero (que unos años da mucho fruto y otros, poco), el aceite retirado volverá al mercado al concluir la campaña, asegurando la disponibilidad de producto y suavizando los precios en campañas posteriores de posible baja producción.

La orden del ministerio no contempla detallar aspectos ejecutivos de inspección, que corresponden, en base a sus competencias, a las comunidades autónomas. En cambio, sí que establece que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elaborará, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan de control de la norma de comercialización.