Acoso telefónico: Senado de México aprueba multas de hasta 2.3 millones de pesos para empresas

Las nuevas sanciones todavía no están vigentes, ya que el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo
El Senado de México aprobó multas de 56 mil 570 a 2 millones 345 mil 728 pesos para empresas que realicen llamadas comerciales o publicitarias reiteradas sin autorización.
La reforma fue aprobada con 96 votos a favor y modifica los artículos 18 Bis y 127 de la legislación.
El cambio busca atacar uno de los problemas más comunes para los consumidores, que son las llamadas de bancos, aseguradoras, comercios y otras empresas que ofrecen productos o servicios sin que la persona haya autorizado esos contactos.
La propuesta establece que proveedores y empresas no podrán realizar llamadas telefónicas ni contactar a consumidores por otros medios no autorizados cuando lo hagan de manera reiterada y persistente con fines comerciales o publicitarios.
Esto también contempla los casos en los que una compañía utilice a un tercero para realizar sus campañas. Es decir, contratar un call center u otra empresa para hacer las llamadas no eliminaría la responsabilidad del proveedor que ofrece el producto o servicio.
El objetivo es que los consumidores tengan mayor control sobre el uso de sus datos y puedan rechazar de manera efectiva la publicidad que no desean recibir.
El punto que más destaca de la reforma está en las sanciones económicas. El artículo 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establecería multas de 56 mil 570 a 2 millones 345 mil 728.71 pesos, un aumento considerable frente a las sanciones que actualmente contempla el esquema de protección contra publicidad telefónica no deseada.
La intención, de acuerdo con el dictamen, es que la sanción tenga un efecto disuasivo y haga que las empresas tomen en serio la decisión de los consumidores de no recibir publicidad.
Y es que el problema no es menor, ya que el dictamen citado por el Senado señala, con datos de Truecaller, que México se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor cantidad de llamadas no deseadas, con un promedio de 20 a 25 contactos spam por usuario al mes.
La saturación telefónica no solo representa una molestia, ya que los legisladores señalaron que también puede aumentar la vulnerabilidad de las personas ante posibles estafas y representar una invasión a su privacidad.
Por ahora, las nuevas multas todavía no pueden aplicarse porque la minuta debe ser analizada por la Cámara de Diputados. Mientras continúa el proceso legislativo, los consumidores cuentan con mecanismos como el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) de Profeco.
El registro permite inscribir números telefónicos para evitar llamadas y mensajes con fines mercadotécnicos y publicitarios de sectores como telecomunicaciones, comercio y turismo.
Si después de 30 días de la inscripción continúan las llamadas publicitarias, el consumidor puede presentar una denuncia ante Profeco.



