En una jornada marcada por tensiones y confrontaciones, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial con 86 votos a favor y 41 en contra, en una sede alterna, luego de más de 10 horas de debate. La controvertida reforma permitirá que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por voto popular, un cambio sin precedentes en la historia de México y que ha generado reacciones a nivel internacional.
Aprobada por los partidos Morena, PT y PVEM, esta enmienda ha sido promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su ambiciosa agenda de transformación. La aprobación se logró gracias a la suma in extremis del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, quien se desmarcó de su partido para apoyar la reforma, y a la ausencia del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, que según su partido se encontraba apoyando a su padre detenido por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
Un cambio sin precedentes
La reforma al Poder Judicial representa el cambio más significativo desde 1994, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue reorganizada y se creó el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, esta nueva modificación introduce la elección popular de los jueces, algo que ha generado inquietud entre diversos sectores. Inversionistas y gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos y Canadá, han expresado su preocupación por la posible pérdida de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo.
La enmienda se ha gestado en medio de un clima de creciente polarización política. Las manifestaciones, que culminaron en una irrupción de ciudadanos al recinto legislativo, obligaron a los senadores a trasladar la sesión a la Antigua Casona de Xicoténcatl, donde finalmente se votó la reforma. A pesar de las protestas y los señalamientos de coacción política por parte de la oposición, el bloque oficialista logró los 86 votos necesarios para la aprobación.
El papel de los Yunes y la crisis interna del PAN
Uno de los momentos más controversiales de la sesión fue la participación de la familia Yunes. Miguel Ángel Yunes Márquez, senador panista, sorprendió al romper con su partido y apoyar la reforma, lo que provocó una ola de indignación en el seno de la oposición. Su voto fue clave para alcanzar la mayoría calificada, algo que no pasó desapercibido para sus antiguos aliados en el PAN, quienes lo acusaron de traición. Marko Cortés, dirigente del partido, lo criticó abiertamente desde la tribuna, dejando en claro la fractura interna que la reforma judicial ha provocado en las filas opositoras.
La votación también estuvo marcada por la ausencia del senador Daniel Barreda, quien, según el partido Movimiento Ciudadano, estaba acompañando a su padre, arrestado en Campeche. Aunque Morena negó cualquier relación entre la detención y la votación, la oposición insistió en que esto formaba parte de una estrategia de presión del oficialismo.
Protestas y un nuevo escenario político
Las protestas no se hicieron esperar. Cientos de manifestantes, incluidos trabajadores del Poder Judicial, irrumpieron en el recinto legislativo, denunciando lo que consideran un intento de subordinar el sistema judicial al Ejecutivo. A pesar de los disturbios, el bloque oficialista mantuvo su curso y logró aprobar la enmienda en lo general, algo que fue celebrado con cánticos de «¡La reforma va, la reforma va!».
Con esta reforma, México entra en un territorio inexplorado, siendo uno de los pocos países en el mundo que permitirá la elección popular de sus jueces. La implementación de esta medida será uno de los mayores retos que enfrentará Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador, quien ha respaldado plenamente esta enmienda. Los próximos pasos requerirán la ratificación de la reforma por al menos 17 Congresos estatales, un trámite que Morena, con su dominio en la mayoría de los Estados, espera cumplir sin mayores obstáculos.
Conclusiones y perspectivas
A pesar de las críticas y advertencias sobre posibles riesgos para la estabilidad política y económica del país, el gobierno de López Obrador ha logrado imponer uno de los cambios más significativos en el sistema judicial de México. La aprobación de esta reforma marca un antes y un después en la relación entre los poderes del Estado, y abre un debate sobre el futuro de la democracia en México. Con la ratificación pendiente por parte de los Congresos locales, el país se encuentra en la antesala de una nueva era de impartición de justicia, cuyo verdadero impacto solo el tiempo revelará.
