Aun sin recortar tarifas, el gobierno decidió mantener en 2026 los costos del espectro radioeléctrico en los niveles de 2023. La señal es doble: por un lado preserva ingresos fiscales y disciplina; por el otro, reconoce que una baja generalizada en precios no está en la mesa. El dilema es conocido por la industria: México figura entre los países con espectro más caro en mediciones internacionales, y los derechos anuales representan cerca del 85% del costo total de explotar una banda durante la vigencia de la concesión, muy por encima del 20% que se observa, en promedio, en América Latina. Con este telón de fondo, la administración plantea incentivos condicionados a cobertura social y a la agenda de nearshoring, en lugar de un recorte general.
La decisión impacta directamente en la licitación 5G que prepara la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Con precios altos, será difícil atraer a un nuevo actor internacional y tampoco es seguro que el diseño actual resulte suficientemente atractivo para Telcel o AT&T. En paralelo, no queda claro si los descuentos fiscales anunciados para 2026 están dirigidos a Altán Redes o si se aplicarán de manera transversal a cualquier operador que acredite obligaciones de cobertura en zonas de baja rentabilidad. La lectura para el mercado es pragmática: el gobierno prefiere selectividad (exenciones a cambio de resultados) antes que un ajuste general de tarifas que desanclara los ingresos públicos.
La historia reciente explica la cautela. Entre 2020 y 2024, el Estado dejó de percibir alrededor de 738 millones de dólares por renuncias de operadores a concesiones que consideraron financieramente inviables. Ese episodio evidenció que el precio del insumo espectro puede forzar salidas, reducir competencia efectiva y posponer inversiones en cobertura 4G/5G, justo cuando la demanda de datos crece en hogares, escuelas y cadenas productivas. No es casual que organismos de referencia como OCDE y GSMA hayan estimado que con precios más accesibles hasta cinco millones de personas adicionales podrían sumarse al 4G-LTE en México. La presión social —y productiva— para ampliar cobertura está ahí.
La apuesta oficial para 2026 es combinar estabilidad de precios con incentivos focalizados. ¿Qué puede significar en la práctica? Descuentos o créditos fiscales solo para operadores que conecten localidades rurales, carreteras estratégicas y corredores industriales del nearshoring; verificación de metas por kilómetros cubiertos, población atendida y calidad de servicio (latencia, velocidades mínimas, disponibilidad); y cláusulas de reversión de beneficios si no se cumplen hitos. Este enfoque, bien ejecutado, reduce el riesgo de “subsidios a la nada” y premia el despliegue efectivo donde la inversión privada no llega por sí sola.
Para el ecosistema empresarial, el asunto trasciende al sector telecom. La calidad y el costo de las redes condicionan la productividad de parques industriales y pymes exportadoras, el despliegue de IoT en manufactura, la adopción de cómputo en el borde y los esquemas de logística inteligente en los que México quiere diferenciarse. Si los incentivos se alinean con mapas de corredores logísticos, nodos de energía y polos de proveeduría automotriz y electrónica, el país puede transformar el espectro en una ventaja comparativa del nearshoring: redes confiables, con densidad de celdas suficiente, latencias bajas y capex financiable.
Quedan, sin embargo, piezas por afinar. Primero, mayor claridad regulatoria sobre el destino de los incentivos: reglas transparentes para Altán Redes y para cualquier otro operador que cumpla métricas. Segundo, habilitar esquemas de uso local y redes privadas 5G en parques y clústeres, con trámites ágiles y compartición de infraestructura pasiva que reduzca costos. Tercero, impulsar un mercado secundario de espectro dinámico que permita arrendamiento y reasignaciones parciales, evitando que bloques ociosos queden subutilizados en zonas críticas. Cuarto, alinear permisología estatal y municipal (postes, ductos, derechos de vía) con metas de cobertura, porque la mitad del costo de ampliar redes está en la obra civil y en los tiempos de ventanilla.
Para las operadoras, el camino de 2026 exige disciplina financiera y creatividad comercial: modelos de cobertura compartida en zonas de baja densidad, acuerdos mayoristas que moneticen capacidad en horarios valle, y ofertas convergentes que combinen fijo-móvil con servicios de ciberseguridad, gestión de dispositivos y analítica para industria. Para el usuario final, la meta debe ser más cobertura y mejor experiencia; para el fisco, ingresos previsibles sin matar la inversión; para la política industrial, redes listas para el nearshoring.
En síntesis, México eligió un punto intermedio: no abaratar el espectro de forma general, pero premiar a quien conecte donde más falta hace y a quien habilite la nueva geografía productiva del país. Si la ejecución confirma esa intención —con métricas claras, procesos simples y vigilancia real— 2026 puede ser el año en que el espectro deje de ser un lastre y se convierta en un acelerador del crecimiento, la inclusión digital y la competitividad.
