El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, uno de los magnates más influyentes del país, ha iniciado el pago de una deuda fiscal multimillonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de una prolongada disputa legal que se extendió por más de 20 años. Este desenlace marca un hito importante en la relación entre el sector empresarial y las autoridades fiscales de México.
La controversia comenzó con créditos fiscales que datan de ejercicios entre 2008 y 2015, principalmente derivados de Empresas como Elektra y TV Azteca, que fueron impugnados por Salinas Pliego ante diversas instancias judiciales. Tras múltiples recursos y litigios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en contra de las impugnaciones, lo que abrió la puerta a la ejecución de los cobros por parte del SAT.
Frente a esta situación, Hacienda y el SAT fijaron originalmente un monto de 51 000 millones de pesos de adeudo fiscal acumulado por recargos, multas e intereses derivados del retraso en el pago de los créditos fiscales. No obstante, la legislación fiscal mexicana permite reducir el monto si el pago se hace voluntariamente dentro de plazos establecidos, con incentivos de hasta 39 % de descuento sobre la deuda total.
Gracias a este incentivo y tras agotar las opciones legales, Grupo Salinas acordó con el SAT un pago por un total de 32 132 millones de pesos, cifra que ya fue parcialmente abonada a la Tesorería de la Federación. El monto restante será cubierto mediante un esquema de 18 mensualidades, con pagos que se completarán aproximadamente en año y medio.
El primer pago, por un monto de 10 400 millones de pesos, ya fue depositado por el grupo empresarial, lo que representa el inicio formal de la liquidación de la deuda. El acuerdo fue anunciado en una tarjeta informativa del SAT, que afirmó que el proceso de regularización se realiza “de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables”.
Tanto el Gobierno mexicano como la Secretaría de Hacienda han considerado este acuerdo como un avance en la recaudación fiscal y en la equidad tributaria, destacando que la medida elimina décadas de controversias sobre la gran deuda de uno de los empresarios más prominentes del país. Por su parte, el grupo empresarial ha reiterado su desacuerdo con la metodología de cálculo de la deuda, aunque ha señalado que saldarla permitirá “dar vuelta a la página” y concentrarse en sus actividades comerciales.
Este desenlace no solo tiene implicaciones económicas, sino también políticas y sociales, pues el caso fue observado de cerca tanto por analistas como por la opinión pública como un ejemplo de cómo las autoridades fiscales buscan aplicar la ley de manera más estricta a los grandes contribuyentes.
