Colombia atraviesa un momento decisivo. El reciente aumento del salario mínimo, impulsado por el presidente Gustavo Petro, ha desencadenado una ola de reacciones que van desde el respaldo popular hasta la preocupación empresarial y jurídica. La medida, considerada una de las más ambiciosas en décadas, busca mejorar el poder adquisitivo de millones de trabajadores en medio de una economía marcada por la inflación y el alto costo de vida.
Sin embargo, la suspensión temporal del decreto por parte del Consejo de Estado encendió el conflicto. La decisión fue interpretada por el Gobierno como un obstáculo institucional, mientras sectores económicos la consideran una medida necesaria para proteger la estabilidad financiera del país. El choque entre poderes ha elevado la tensión política a niveles pocas veces vistos en los últimos años.
La respuesta del presidente Petro fue inmediata: convocó movilizaciones ciudadanas en defensa del salario mínimo, invitando directamente al pueblo trabajador a manifestarse en las calles. Su llamado no solo busca defender la medida, sino también consolidar respaldo popular a su proyecto económico, que tiene como eje central la reducción de la desigualdad social.
Las protestas, convocadas en varias ciudades del país, reflejan una división profunda. Por un lado, trabajadores y sindicatos defienden el aumento como un paso histórico hacia la justicia económica. Por otro, empresarios y analistas advierten que un incremento tan elevado podría generar inflación, afectar el empleo formal y debilitar la confianza empresarial.
Más allá del debate técnico, lo que está en juego es el modelo económico del país. Colombia enfrenta una encrucijada entre fortalecer el ingreso de los trabajadores o priorizar la estabilidad macroeconómica. La decisión final tendrá consecuencias que podrían marcar el rumbo económico durante los próximos años.
El desenlace de esta crisis definirá no solo el futuro del salario mínimo, sino también el equilibrio entre el poder político, el sistema judicial y el respaldo ciudadano. Colombia vive hoy un momento que podría redefinir su estructura económica y social.
