Lo que empezó como una celebración comunitaria se convirtió en una tragedia de proporciones políticas. El sábado 1 de noviembre de 2025, durante el tradicional Festival de la Vela en el centro histórico de Uruapan, evento con gran afluencia en el marco del Día de Muertos, el alcalde independiente Carlos Manzo Rodríguez fue víctima fatal de un atentado armado. El ataque ocurre ante decenas de ciudadanos, incluidos niños, marcando un nuevo capítulo en la crisis de gobernabilidad en México.
El ataque
Según los reportes oficiales, el edil fue atacado cerca de las 20:00 horas mientras posaba para fotografías y convivía con la comunidad al inaugurar el festival. 
Las primeras diligencias señalan que al menos dos personas fueron detenidas, y un agresor fue abatido en el lugar por escoltas del alcalde. 
El edil recibió impactos en el abdomen y en el brazo, lo que le impidió sobrevivir pese a haber sido trasladado con urgencia al hospital. 
La situación generó pánico entre los asistentes del festival, quienes huyeron de la plaza al oír las detonaciones. 
Perfil del alcalde: valentía, denuncias y riesgos
Carlos Manzo asumió la alcaldía de Uruapan el 1 de septiembre de 2024, luego de ganar como candidato independiente en un municipio particularmente golpeado por la violencia del crimen organizado. 
Durante su gestión, adoptó una postura frontal contra grupos delictivos. En varias ocasiones denunció públicamente la infiltración del crimen en la región, incluyendo la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 
Manzo también había solicitado apoyo federal de emergencia. Reportes indican que contaba con un esquema de protección desde diciembre de 2024, reforzado en mayo de 2025; pese a ello, el agresor logró ejecutar el atentado en un evento masivo. 
Su última publicación minutos antes del ataque expresaba orgullo por la festividad y llamaba a la unidad del municipio:
“Hoy llevamos a cabo el tradicional encendido de velas… viva Uruapan.” 
Contexto de inseguridad y gobernabilidad
El asesinato de Manzo ocurre en un estado de Michoacán donde la violencia política y delincuencial amenazan la estabilidad municipal. Uruapan, epicentro de la industria del aguacate, es también territorio disputado por grupos como el CJNG. 
Expertos advierten que las muertes de alcaldes en México son un grave síntoma de la captura del poder local por parte del crimen organizado, y del debilitamiento del Estado de derecho. 
Reacción institucional y pendiente de justicia
La presidencia de la República, la gobernación de Michoacán y las autoridades de seguridad condenaron el hecho de manera inmediata. 
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que ya se han identificado al agresor a través de cámaras del C-5 y videos del evento, y que se investigan todas las líneas posibles. 
Una pregunta clave: ¿por qué, a pesar del esquema de protección, se permitió el ataque en un evento público? Esta falla exhibe vulnerabilidades operativas y de inteligencia en un contexto de riesgo crecientemente alto.
Implicaciones para los municipios
Para Sinergia Empresarial y el tejido empresarial que representa, este asesinato debe verse como una llamada de atención:
• La gobernabilidad local es esencial para la seguridad de inversiones, del clima de negocios y de empleo.
• Cuando las autoridades municipales quedan indefensas, la planificación estratégica de ciudades productivas sufre.
• Los empresarios deben exigir mecanismos de protección institucional que funcionen y no solo existan sobre el papel.
• La solidaridad con figuras políticas valientes debe ir acompañada de exigencia de resultados, transparencia y rendición de cuentas.
Cierre: la herida abierta
Carlos Manzo deja un símbolo de resistencia en una geografía hostil. Su asesinato convierte en urgente la reflexión: ¿cuántos más deben caer para que el Estado actúe con eficacia? ¿Hasta cuándo se podrá sostener el desarrollo de ciudades como Uruapan si la autoridad local está bajo ataque constante?
En nombre de Sinergia Empresarial, convocamos a un pacto de colaboración entre los sectores público, privado y social para exigir seguridad, justicia y gobernabilidad efectiva. La muerte de un alcalde no puede convertirse en mera estadística: debe transformarse en un antes y un después para la protección de quienes representan la legalidad.
